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Las autoridades de Antioquia confirmaron la detección de un plan terrorista contra el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, considerado la obra de infraestructura energética más importante del país. La alerta se produjo en la noche previa a una visita oficial del gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quienes tenían previsto realizar una rueda de prensa en el lugar junto a más de cien periodistas.
Según explicó el gobernador Rendón, “nuestras avanzadas de seguridad nos informaron que detectaron drones sobrevolando persistentemente el área de influencia del proyecto”. La verificación en terreno realizada por unidades militares permitió establecer que los aparatos pertenecían a las disidencias de las FARC, específicamente al frente 36 bajo el mando de alias Calarcá. El hallazgo coincidió con un operativo militar reciente en San Andrés de Cuerquia, donde se incautaron drones, radios y explosivos improvisados.
El alcalde Gutiérrez señaló que la decisión de cancelar la visita obedeció a la necesidad de proteger la vida de los asistentes. “Justo en la zona donde íbamos a hacer la rueda de prensa estaban sobrevolando estos drones de gran capacidad y no hay duda alguna de que son de disidencia FARC del frente 36”, afirmó. El mandatario local agregó que la amenaza no solo se dirigía contra la jornada informativa, sino también contra la infraestructura energética.
Hidroituango genera actualmente más de 1.200 megavatios de energía y se proyecta que, con la instalación de cuatro nuevas turbinas entre 2027 y 2028, alcance una capacidad de 2.400 megavatios, equivalente al 17 % de la energía nacional. “Si hoy no existiera Hidroituango, ya Colombia hubiera entrado en racionamiento desde el año pasado”, advirtió Gutiérrez.
Las autoridades departamentales y municipales denunciaron que EPM ha recibido amenazas directas de extorsión por parte del frente 36 de las FARC. Además, señalaron que la zona de influencia del proyecto está marcada por economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. “O el país acaba con Calarcá o Calarcá acaba con el país”, expresó el alcalde de Medellín, subrayando la peligrosidad de este cabecilla.
Tanto Rendón como Gutiérrez responsabilizaron al gobierno nacional de haber debilitado los esquemas de seguridad y de contemporizar con estructuras criminales. En sus declaraciones, coincidieron en que la política de “paz total” ha favorecido el fortalecimiento de grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. “El país está nadando en droga y en oro ilegal, y estas organizaciones criminales han tomado ventaja”, dijo Gutiérrez, quien insistió en que la prioridad debe ser proteger a la población civil y garantizar la estabilidad energética del país.
Juan Joya




