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Desde las primeras horas de este lunes 4 de agosto, el departamento de Boyacá enfrenta un paro indefinido convocado por pequeños mineros y comunidades campesinas parameras, quienes han bloqueado corredores viales estratégicos como la doble calzada Paipa-Tunja, el Puente de Boyacá y la Troncal Central del Norte. Las manifestaciones han generado más de 4 kilómetros de trancones en ambos sentidos de la vía Bogotá-Tunja, afectando considerablemente la movilidad, el transporte intermunicipal y el abastecimiento de alimentos y combustibles en varios municipios.
La decisión de iniciar el paro se dio el pasado sábado 2 de agosto, cuando más de 2.000 campesinos de las provincias de Ricaurte y Gutiérrez se reunieron en Güicán para exigir el cumplimiento de acuerdos pactados con el Gobierno Nacional en octubre de 2024. La expectativa de diálogo se convirtió en indignación cuando ni el gobernador Carlos Amaya, ni la ministra de Ambiente, Lena Yanina Estrada, ni representantes del Ministerio de Agricultura asistieron al encuentro. “El desplante nos obliga a movilizarnos. Este lunes inicia el paro”, declaró Roberto Arango, presidente de la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano.
Paralelo a esta situación, el comité minero de Boyacá también confirmó el inicio del cese de actividades indefinido, argumentando la falta de acuerdos con el Gobierno sobre políticas que afectan la estabilidad del sector. Las protestas comenzaron desde las 4:00 a. m. con bloqueos en puntos como la glorieta del cementerio de Paipa, Corrales, Belén, Ventaquemada y Sogamoso. En algunos sectores, los manifestantes han utilizado volquetas cargadas de carbón y productos agrícolas para impedir el paso de vehículos. Solo se permite el tránsito de ambulancias y misiones médicas urgentes.
Los campesinos exigen la revocatoria de la delimitación de páramos y la exclusión de predios privados de la reserva forestal establecida por la Ley Segunda. Denuncian que estas medidas, basadas en una caracterización ambiental de 2014, restringen actividades agropecuarias en zonas históricamente productivas. En ese sentido, los mineros reclaman garantías para continuar con la minería tradicional y protección de los empleos en el departamento. Ambos sectores coinciden en que las políticas actuales representan una amenaza directa a sus formas de vida y producción.
La Alcaldía de Paipa convocó un Consejo de Seguridad el pasado viernes 1 de agosto para evitar la movilización, pero no se logró acuerdo. La logística del paro fue definida por municipios durante la tarde del sábado, y otros gremios como el lechero, papero y cebollero manifestaron su apoyo. Las comunidades rurales han solicitado comprensión por parte de los viajeros ante las afectaciones viales, y han reiterado que la protesta será pacífica pero firme.
Ante la situación, el gobernador Carlos Amaya declaró que no pudo asistir a la reunión en Güicán por una falla técnica en el helicóptero que lo transportaba. Anunció que este lunes intentará instalar una mesa de diálogo con presencia del Ministerio de Ambiente. Por su parte, el Gobierno Nacional ha convocado una nueva reunión para el martes 5 de agosto, en la que se espera la participación de ministros, viceministros y representantes de la Agencia Nacional de Minería, con el objetivo de destrabar la negociación y atender las demandas de quienes se manifiestan.
Entretanto, las autoridades recomiendan a la ciudadanía consultar el estado de las vías a través de la línea gratuita #767 y mantenerse informados por canales oficiales. La situación continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se definan nuevos puntos de bloqueo, lo que podría intensificar los bloqueos en la movilidad y profundizar el impacto económico en la región.
Juan Joya




