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La tensión entre el Gobierno nacional y el sector constructor marcó el inicio de 2026 con un nuevo cruce de señalamientos alrededor del precio de la vivienda de interés social (VIS). Mientras el Ejecutivo ha insistido en que las constructoras encarecen artificialmente los inmuebles, Camacol responsabilizó directamente a las decisiones oficiales, en especial al incremento del salario mínimo, por las presiones que hoy enfrenta el mercado.
El debate se da en un momento clave. La vivienda VIS es la principal puerta de acceso a casa propia para miles de familias de ingresos bajos y medios, y su precio máximo está definido en salarios mínimos. En ese contexto, el Gobierno prepara decretos para desindexar algunos valores atados al mínimo legal, mientras el gremio constructor advierte que el problema no es de especulación privada, sino de política pública.
En medio de ese cruce, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, fue contundente al afirmar que “este rollo lo armó el mismo Gobierno”, al referirse al impacto del aumento del salario mínimo, que, según el gremio, se decretó por encima de la productividad y la inflación, elevando los costos del sector. Herrera calificó como “inaceptable” que el presidente Gustavo Petro haya acusado a los constructores de estafar a los compradores.
El dirigente recordó que los constructores no fijan los precios de la vivienda VIS de manera arbitraria, ya que los topes están definidos por el propio Estado a través del Plan Nacional de Desarrollo. “El incremento del salario mínimo genera un problema económico muy grande que se llama más inflación”, explicó Herrera, al señalar que la mano de obra representa cerca del 25 % del costo directo de una obra, por lo que cualquier alza abrupta impacta de forma inmediata las finanzas de los proyectos.
¿El aumento del salario mínimo encarece automáticamente la vivienda?
Según Camacol, no. Herrera aclaró que el alza del salario mínimo no implica un aumento automático en el precio de la vivienda, pues todo depende del estado del proyecto y de las condiciones pactadas con los compradores. Las obras próximas a entregarse tendrían un impacto limitado, mientras que los nuevos desarrollos sí enfrentarían mayores presiones de costos.
En ese escenario, el gremio advirtió que los proyectos nuevos podrían registrar incrementos entre el 10 % y el 15 %, sumando mano de obra e insumos. Este panorama, según Camacol, pone en riesgo la viabilidad financiera de nuevas iniciativas y desincentiva la inversión, afectando la oferta futura de vivienda VIS.
El impacto en las familias que buscan casa en 2026
Camacol alertó que el contexto es especialmente delicado para los hogares. En 2025, unas 25.000 familias desistieron de comprar vivienda, en gran parte por la suspensión del programa Mi Casa Ya. A esto se suma el riesgo de un aumento en las tasas de interés, otro factor que podría dejar a más compradores por fuera del mercado.
“A ningún constructor le interesa que las familias desistan”, afirmó Herrera, quien insistió en que el mayor riesgo es frenar la nueva oferta de vivienda y profundizar el déficit habitacional. Mientras tanto, el sector permanece a la espera de los decretos de desindexación del Gobierno para determinar si, como dijo el propio dirigente, este “rollo” tiene salida o si apenas está comenzando.
Sala Digital Colmundo
Con información de entrevista del medio BluRadio
