Cabal denuncia “guerra digital” contra Uribe, pero deja preguntas sin responder sobre pruebas y responsables

En una intervención cargada de advertencias y frases de alto voltaje político, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal denunció desde el Capitolio Nacional la existencia de una supuesta “guerra digital internacional” dirigida a destruir la imagen del expresidente Álvaro Uribe Vélez y a perseguir a la oposición política. La acusación no es menor: Cabal afirma que detrás de esta ofensiva estarían bodegas digitales financiadas con recursos públicos, diseñadas para manipular narrativas en redes sociales y sembrar el descrédito de forma masiva.

A juicio de Cabal, la condena contra Uribe no solo afecta al expresidente, sino a su legado ideológico y político, asegurando que se trata de una avanzada sin precedentes para “masacrar digitalmente a todo aquel que piense distinto”. Según sus declaraciones, el 67 % del contenido sobre Uribe en redes sociales responde a estrategias calculadas de desprestigio, con casi la mitad de las publicaciones originadas fuera del país: 27 % desde Francia, 13 % desde Venezuela y 11 % desde México.

Aunque Cabal no reveló detalles técnicos, nombres de empresas o evidencia verificable, aseguró que TikTok, Facebook e Instagram han sido las plataformas más usadas para esta supuesta operación transnacional, con un 47 % de publicaciones hostiles en TikTok y 50 % distribuidas entre Instagram y Facebook.

La senadora fue más allá al advertir que esta campaña no se detendría en lo digital. Según ella, “la secuencia es clara: de las bodegas prepago se pasa a la calumnia, y de la calumnia, a las balas”, una frase alarmante que intenta establecer un vínculo directo entre la guerra mediática y la violencia física.

En tono desafiante, llamó a la ciudadanía a “prepararse para la guerra digital” y a exigir justicia contra los “sicarios digitales” y sus supuestos financiadores. Sin embargo, su discurso —aunque incendiario y efectivo para encender a sus bases— deja múltiples interrogantes sobre las fuentes de información, la trazabilidad de los datos que menciona, y la ausencia de pruebas concretas sobre el uso de dinero público para estas actividades.

La denuncia de Cabal no puede tomarse a la ligera, especialmente en un clima político cargado de tensiones. Pero tampoco puede convertirse en una excusa para desacreditar cualquier crítica legítima ni silenciar el pluralismo de las redes sociales. Lo que está en juego no es solo la reputación de un expresidente o una figura política, sino la calidad del debate democrático en tiempos digitales. Y si hay delitos o abusos, la justicia —no las arengas— debe demostrarlo.

Humberto ‘Toto’ Torres