María Fernanda Cabal critica al Gobierno por “sacrificar el SENA” en la Reforma Laboral y denuncia adoctrinamiento ideológico
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La senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, anunció este martes que radicó una denuncia penal contra los 19 ministros y altos funcionarios del Gobierno nacional que firmaron el Decreto 0639 de 2025, con el que se pretendía convocar una consulta popular sin el concepto favorable del Senado, requisito indispensable según la Constitución.
La denuncia se presenta tras la decisión del Consejo de Estado, que en auto fechado el 18 de junio de 2025, ordenó la suspensión provisional de los efectos jurídicos del decreto, al evidenciar que fue expedido sin cumplir con el procedimiento constitucional. “El auto confirma lo que advertimos desde el principio: el presidente Petro violó abiertamente la Constitución, al desconocer la separación de poderes”, señaló Cabal desde su cuenta oficial en X (antes Twitter).
La congresista se refirió específicamente a los artículos 104 de la Constitución Política, 50 de la Ley 134 de 1994 y 31 de la Ley 1757 de 2015, que exigen autorización del Senado para este tipo de convocatorias. El Gobierno no solo omitió ese paso, sino que lo hizo pese a que el Senado había rechazado la solicitud de consulta en votación mayoritaria (49 votos en contra y 47 a favor) el pasado 14 de mayo.
“Esta actuación presidencial no solo es ilegal, sino un atentado contra el equilibrio institucional y el Estado de Derecho”, afirmó Cabal.
“No se trata de un simple error de procedimiento: es una estrategia deliberada para vulnerar la democracia y socavar los pesos y contrapesos que protegen al ciudadano del abuso de poder”, añadió.
Para la senadora, el decreto no es un hecho aislado, sino una muestra del estilo de gobierno del presidente Gustavo Petro. “Él desprecia la institucionalidad, el Congreso le incomoda, la ley lo limita, y por eso intenta reemplazarlo todo con mecanismos plebiscitarios, como esta consulta ilegítima”, denunció. Y fue más allá al advertir que “quienes firmaron ese decreto deben responder ante la justicia por haber prestado su firma a una decisión inconstitucional”.
La denuncia incluye a todos los funcionarios del gabinete que suscribieron el Decreto 0639, en un proceso que, según Cabal, configura posible prevaricato y abuso de autoridad. La senadora exige que la Fiscalía investigue si hubo dolo en la expedición del acto administrativo, dado que se conocía de antemano el rechazo del Senado y aún así se procedió.
El Consejo de Estado, al ordenar la suspensión del decreto, dejó claro que “la omisión del concepto del Senado vulnera el procedimiento esencial para este tipo de decisiones”, lo que se traduce en una afectación grave a la legalidad del decreto.
“Desde el principio advertimos que esto no era solo un capricho presidencial, sino un intento de forzar una consulta para validar con votos una agenda personalista. La justicia ya nos dio la razón”, concluyó Cabal.
El caso ahora se convierte en uno de los frentes jurídicos y políticos más relevantes del momento. La Corte Constitucional podría ser llamada a pronunciarse de fondo sobre la legalidad de la consulta, mientras crecen los cuestionamientos sobre los límites del poder presidencial en tiempos de reformas estructurales.
Humberto ‘Toto’ Torres
