Buscan poner fin a los bloqueos de encapuchados en TransMilenio con nuevo proyecto de ley

En un esfuerzo por garantizar la movilidad urbana y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, el vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, radicó un proyecto de acuerdo que declararía al transporte público masivo como un servicio esencial.

El proyecto busca que el transporte público y, en particular, sistemas como TransMilenio, sea considerado “esencial”, permitiendo así que las autoridades actúen con carácter prioritario frente a bloqueos o disturbios que interrumpen su operación.

Según Quintero, esta medida responde a las frecuentes manifestaciones que paralizan la ciudad, argumentando que “la ciudad no puede seguir paralizada por protestas violentas que afectan a la mayoría de los ciudadanos”.

El proyecto incluye la exigencia de judicializar a los responsables de los bloqueos y establece la actuación inmediata de las autoridades para restablecer la operación del transporte público cuando se vea afectada.

Durante 2025 se han registrado 751 protestas, contingencias y disturbios en Bogotá, lo que representa más de 300 eventos adicionales en comparación con 2024.

Solo hasta el pasado 7 de octubre, más de 14,5 millones de personas se vieron afectadas por bloqueos que impidieron la operación del sistema de transporte público en la ciudad.

El proyecto de acuerdo se fundamenta en el artículo 365 de la Constitución de Colombia, que considera el transporte público como un servicio esencial y lo vincula con derechos fundamentales como la movilidad, el trabajo, la salud y la educación.

Además, el concejal Quintero rememoró precedentes como la huelga de Avianca en 2017 y la condena a Daniela “Epa Colombia” Cárdenas en 2019, para subrayar que el Estado debe actuar con contundencia ante manifestaciones violentas.

En conclusión, la iniciativa de Quintero pretende dotar de un marco legal más robusto para evitar que bloqueos por parte de personas encapuchadas o manifestantes paralicen el transporte público en Bogotá, protegiendo así tanto la movilidad de los ciudadanos como sus derechos fundamentales.

Paola Martínez Burgos