Bogotá implementará cobro por uso del espacio público bajo el Decreto 315 de 2024

La administración distrital, a través del Instituto para la Economía Social (IPES), iniciará el cobro por el uso del espacio público en Bogotá, en cumplimiento del Decreto 315 de 2024. 

Según explicó en exclusiva para Colmundo Radio el director del IPES, Wilfredo Grajales, el principal propósito de la medida es ordenar y regular el aprovechamiento del espacio público, un tema que genera preocupación en la ciudad. “Buscamos estructurar un esquema que llene vacíos en la gestión del espacio público, ya que es precisamente en estos lugares donde todos nos encontramos”, señaló. 

El funcionario enfatizó que la medida no está dirigida exclusivamente a los vendedores informales, sino que pretende establecer protocolos claros para su uso en general, abarcando áreas de “recreación, movilidad y comercio en el espacio público”. 

Asimismo, Grajales subrayó que esta normativa no es una decisión arbitraria, sino un proceso legal que se ha construido con participación de diversos actores. “No es un capricho. En un Estado de derecho, las intervenciones deben hacerse bajo estructuras legales concertadas con todos los involucrados”, afirmó. 

Ante la inquietud de los vendedores informales, quienes temen que la nueva regulación afecte su sustento diario, el director del IPES aclaró que la medida no se aplicará de inmediato, sino hasta que se logren acuerdos con este sector. 

Además, precisó que, si bien el decreto establece un cobro por metro cuadrado ocupado en el espacio público, se analizará cada caso de manera individual. Las tarifas variarán dependiendo de si el vendedor utiliza mobiliario propio o las alternativas proporcionadas por el Instituto, y se contemplarán reducciones o exenciones para personas en situación de vulnerabilidad. 

El director del IPES aseguró que el Decreto 315 de 2024 no busca desalojar a los vendedores informales, sino establecer un equilibrio entre sus derechos e incluso protegerlos de malas prácticas que se dan como el cobro de arriendo de por espacios de forma ilegal.

Cabe destacar que el protocolo estipula que los permisos para la ocupación del espacio público tendrán una duración de uno a dos años, dependiendo del tipo de mobiliario utilizado. Estos podrán renovarse hasta por un máximo de cinco años, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. 

Finalmente, Grajales reiteró que no existe ninguna directriz para desalojar a los vendedores informales, sino que la intención es promover la organización y regulación de sus actividades, garantizando un entorno más ordenado y beneficioso tanto para ellos como para la ciudadanía.

Escucha la entrevista completa en el siguiente link: 

Paola Martínez Burgos