“Bogotá ha mostrado voluntad política y capacidad de ejecución, pero hay un límite evidente”: Concejo advierte que persisten obstáculos para avanzar en seguridad

“Bogotá ha mostrado voluntad política y capacidad de ejecución, pero hay un límite evidente”: Concejo advierte que persisten obstáculos para avanzar en seguridad

Durante el debate de control político sobre el presupuesto en materia de seguridad, la concejal Cristina Calderón Restrepo reconoció los avances del Distrito, pero advirtió que persisten obstáculos estructurales que impiden una respuesta integral a los desafíos que enfrenta Bogotá.

La cabildante destacó como positivos la inversión sostenida en tecnología, el impulso de campañas de prevención del delito y la coordinación con la Policía Metropolitana. Sin embargo, subrayó que muchos de los retos superan las capacidades locales y exigen una mayor articulación y corresponsabilidad por parte del Gobierno Nacional.

Uno de los temas más críticos es el tráfico ilegal de armas. Entre 2024 y febrero de 2025, se incautaron 1.407 armas en la ciudad, con una preocupante concentración del 30 % en las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar. A pesar de los esfuerzos del Distrito por articular acciones, no cuenta con acceso a bases de datos ni a sistemas de inteligencia que permitan una respuesta autónoma y eficaz.

“La ciudad enfrenta los efectos directos del tráfico, pero no tiene las herramientas ni la información para actuar con autonomía”, advirtió Calderón, al insistir en la necesidad de una estrategia nacional estructurada.

También alertó sobre el crecimiento del delito de extorsión, que registró 2.617 denuncias en 2024, con mayor incidencia en cinco localidades. Si bien la campaña distrital #PagarNoPaga logró un alcance de más de 14 millones de personas y modificó la conducta de potenciales víctimas de llamadas extorsivas, Calderón Restrepo señaló que sin respaldo sostenido del nivel central, estos esfuerzos pueden resultar insuficientes.

“La extorsión involucra redes criminales que sobrepasan la jurisdicción local. Se requiere un trabajo articulado con los ministerios de Justicia y Defensa para enfrentarla con contundencia”, afirmó.

Otro de los puntos neurálgicos abordados por la concejal fue el impacto real del sistema de videovigilancia. Desde 2020, se han destinado más de $844.000 millones a fortalecer la seguridad mediante la Policía Metropolitana. Actualmente, el sistema C4 integra más de 8.000 cámaras públicas y 4.150 privadas. Sin embargo, aún no existe una metodología nacional que permita medir con precisión cuántos delitos se previenen o esclarecen, ni el tiempo promedio de respuesta ante una alerta.

“Es urgente construir indicadores comunes junto con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que nos permitan hacer seguimiento con base en evidencia y ajustar la estrategia con datos comprobables”, afirmó Calderón.

Finalmente, la concejal hizo un llamado a revisar el modelo centralista del sistema de seguridad nacional.

“Bogotá ha mostrado voluntad política y capacidad de ejecución, pero hay un límite evidente: el sistema está profundamente centralizado. Mientras la ciudad enfrenta los impactos, muchas decisiones estratégicas se toman desde el orden nacional, sin coordinación ni transferencia efectiva de capacidades”, concluyó.

En ese sentido, insistió en avanzar hacia una gobernanza en seguridad más descentralizada, con funciones claras, información compartida y recursos proporcionales a los desafíos de la capital.

Paola Martínez Burgos