Bogotá, en la encrucijada de la renovación urbana: voces del Concejo alertan sobre desviaciones del interés público

En medio de crecientes cuestionamientos al modelo de renovación urbana que se impulsa en la capital, concejales del Concejo de Bogotá elevaron esta semana una dura crítica contra la gestión de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (RENOBO), señalando graves riesgos para la justicia territorial, la participación ciudadana y la correcta ejecución de los recursos públicos.

Durante un intenso debate de control político, la cabildante Ana Teresa Bernal, del Pacto Histórico, advirtió que la renovación urbana está siendo concebida bajo un enfoque que prioriza la rentabilidad del mercado inmobiliario por encima del interés general de los bogotanos. Según Bernal, esta tendencia mercantil, lejos de abordar las profundas desigualdades urbanas, podría profundizarlas e incluso desplazar a las comunidades históricas de la ciudad.

“La planificación del territorio debe servir al interés público, no al interés privado”, enfatizó Bernal, quien calificó la actual orientación de RENOBO como una amenaza a la cohesión social y a los derechos de los habitantes.

Bernal recordó que, en los últimos 35 años, los procesos de renovación han estado asociados —según estudios académicos citados en el debate— con expulsión y desarraigo de familias en zonas como el centro histórico, San Bernardo y Eduardo Santos, señalando que más de 30.000 familias habrían sido desplazadas en la última década debido a la especulación inmobiliaria.

Durante su intervención también puso el foco en proyectos estratégicos como el Plan Parcial Voto Nacional–La Estanzuela, donde, según ella, faltan claridad en los diseños, en el presupuesto y en los tiempos de ejecución, lo que, a su juicio, podría afectar incluso la operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) al generar incertidumbre y fomentar dinámicas especulativas.

Denuncias por recursos sin ejecutar y presuntas irregularidades

Por su parte, el concejal Rubén Torrado, del Partido de la U, denunció que más de $591.000 millones destinados a proyectos de renovación urbana no se han ejecutado, pese a estar en poder de RENOBO, argumentando que esos recursos permanecen en esquemas fiduciarios que generan rendimientos sin traducirse en obras concretas para la ciudad.

Torrado también señaló que la entidad no ha promovido ninguna de las más de 2.200 viviendas VIS y VIP que tenía como meta para 2025, al tiempo que alertó sobre pérdidas superiores a $10.000 millones al vender predios públicos por debajo del avalúo comercial o catastral.

Además, puso en tela de juicio la gestión administrativa de RENOBO, citando pagos elevados a asesores, gastos poco transparentes y compras de alto valor sin soportes claros, e hizo un llamado a los órganos de control para investigar estas prácticas.

El núcleo del debate en el Concejo gira en torno a una pregunta fundamental: ¿puede Bogotá avanzar en una renovación urbana justa, equitativa y participativa sin comprometer su vocación pública en favor de intereses privados?

Para los concejales críticos, RENOBO ha perdido su rumbo y se ha convertido en un “contratadero” que favorece al sector privado y descuida las necesidades reales de la ciudad y de los sectores más vulnerables. Exigen, por tanto, mecanismos de transparencia, control público efectivo y una revisión profunda del modelo fiduciario y de las alianzas con privados.

Las voces que se alzan desde el Concejo proponen que la renovación urbana se entienda no solo como una serie de proyectos inmobiliarios, sino como un instrumento para garantizar vivienda digna, cohesión social y participación ciudadana real. Este llamado cobra mayor relevancia ante las proyecciones de crecimiento urbano y los desafíos de equidad territorial que enfrenta Bogotá.

Mientras tanto, los debates continúan y la gestión de RENOBO será objeto de escrutinio en próximas sesiones ante el Concejo Distrital.

Paola Martínez Burgos