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Un concejal de Bogotá cuestiona la adquisición de los automotores por parte de la UNP.
Esta semana se conoció que tres concejales de Bogotá renunciaron a sus esquemas de seguridad y a las camionetas blindadas asignadas por el Estado para asegurar su integridad como garantía en el cumplimiento de sus funciones.
Los cabildantes fueron: Ángelo Schiavenato, Julián Triana y Daniel Briceño, quienes coincidieron en que los impuestos de los ciudadanos no pueden usarse “para pagarle una Toyota TXL a un concejal”, por lo que optarán por movilizarse en otros medios de transporte.
Fue el concejal Daniel Briceño quien señaló que entre el 2024 y el 2026, el Gobierno Petro a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP) destinaría más de un billón de pesos en camionetas blindadas.
“Para que reflexionemos sobre el gasto en vehículos blindados en la UNP: De 2024 a 2026, el gobierno nacional gastará 1 BILLÓN de pesos arrendando vehículos blindados. Sin contar los que se están comprando. Pasaremos de necesitar 4.654 vehículos en 2024 a 7.450 en 2026”, expresó el concejal en su cuenta de Twitter.
De otra parte, Briceño cuestionó si todos los servidores públicos y personas protegidas que en este momento cuentan con un vehículo asignado por la UNP realmente lo necesitan.
Enfatizó que el billón de pesos en la resolución firmada el año pasado por Augusto Rodríguez, director de la UNP “solo incluye el vehículo. Recuerden que para cada uno hay que sumarle los gastos asociados al esquema de seguridad, conductor y hombres de protección”.
El mismo director de esa entidad, recientemente denunció Rodríguez, denunció que la UNP se ha visto afectada por el hurto de estos vehículos. Pues solo en 2023 robaron 47 camionetas y en 2022 robaron 27.
A propósito de estos vehículos y en plena temporada de vacaciones y sin congresistas en sesiones legislativas, el director de la UNP denunció que varios congresistas solicitaron un incremento de vehículos de protección, sin que inicie aún el segundo período de legislatura.
“Hacemos presión, llamadas y no podemos entregarlos porque apenas alcanzan para proteger a las personas y líderes sociales”, declaró Rodríguez ante las solicitudes de los legisladores que emplean estos vehículos con fines turísticos.
La denuncia de Rodríguez busca dejar en evidencia el abuso de los recursos estatales que, según él, se está llevando a cabo por intereses personales.
Juan Joya
