Avanza reforma clave para la financiación de la educación superior pública

En el Senado de la República se dio un paso significativo en la financiación del sistema de educación superior pública al aprobar, en primer debate, el proyecto de ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. La iniciativa, avalada por unanimidad en la Comisión Sexta, ahora será analizada en la plenaria, donde continuará su proceso legislativo.

Esta reforma busca corregir una deuda histórica con las universidades públicas, ajustando la fórmula y la metodología para el cálculo del presupuesto asignado a estas instituciones. El objetivo es garantizar su sostenibilidad financiera y mejorar las condiciones para estudiantes y docentes en el país.

El proyecto permitirá ampliar la cobertura, elevar la calidad educativa y facilitar el acceso a la educación superior. Además, asegurará recursos para infraestructura, desarrollo institucional y, por primera vez, brindará financiación a instituciones técnicas y tecnológicas, fortaleciendo un sector clave para el desarrollo nacional.

El ministro de Educación en funciones, Daniel Rojas Medellín, celebró la aprobación del proyecto y subrayó la importancia de una reforma estructural que garantice un financiamiento adecuado para las universidades.

“Estamos comprometidos con una transformación profunda que no solo brinde estabilidad financiera a las instituciones de educación superior, sino que también impulse el crecimiento del país”, afirmó.

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Por su parte, el presidente de la Comisión Sexta, senador Pedro Flórez, destacó el carácter participativo de la iniciativa.

“Este proyecto es el resultado de un diálogo amplio e inclusivo con estudiantes, docentes, rectores y expertos. Estamos construyendo un acuerdo nacional para la financiación de la educación superior pública”, expresó.

Las cifras evidencian la urgencia de la reforma. Entre el año 2000 y 2023, la matrícula en universidades públicas creció un 176 %, mientras que las transferencias del Estado aumentaron apenas un 62 % en términos reales, generando un desbalance financiero que amenaza la estabilidad del sector.

“Cuando llegamos al Gobierno, solo se destinaban 0,4 puntos porcentuales del PIB al funcionamiento de las universidades públicas. Hemos logrado incrementarlo al 0,54 %, pero con el apoyo del Congreso buscamos alcanzar el 1 % y acercarnos al promedio de los países de la OCDE”, explicó el ministro Rojas.

La reforma representa un avance crucial en la financiación de la educación superior pública y un paso hacia la equidad en el acceso a oportunidades académicas. Ahora, la decisión final está en manos del Congreso, donde se definirá si este cambio estructural se materializa en beneficio de miles de estudiantes en el país.

Paola Martínez Burgos