Avanza en el Senado discusión del proyecto de ley que busca fortalecer la responsabilidad fiscal

La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca fortalecer las normas de responsabilidad fiscal en el país. La iniciativa, presentada por un grupo de congresistas y coordinada por el senador Germán Blanco, del Partido Conservador, introduce ajustes al régimen vigente con el fin de optimizar los procesos a cargo de la Contraloría General de la República.

Blanco destacó la relevancia del proyecto al señalar que el control fiscal constituye uno de los mecanismos más importantes de vigilancia sobre la administración pública. Explicó que la propuesta, compuesta por 51 artículos, se construyó a partir de mesas técnicas con la Contraloría General y con el apoyo de las Unidades de Trabajo Legislativo de los ponentes.

“Buscamos fortalecer las reglas normativas del control fiscal y optimizar el trámite de la responsabilidad fiscal, garantizando el derecho a la defensa y a la contradicción de quienes afrontan estos procesos, ya sea como particulares o como representantes de entidades públicas”, afirmó el congresista.

El proyecto no crea un nuevo régimen, sino que modifica normas ya existentes, especialmente la Ley 610 de 2000, que regula los procesos de responsabilidad fiscal, y la Ley 1474 de 2011, orientada a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción.

Principales cambios propuestos

• Separación entre investigador y fallador: Actualmente, un mismo funcionario puede adelantar la investigación y emitir el fallo. La propuesta establece que estas funciones sean ejercidas por actores distintos para garantizar independencia, imparcialidad y evitar conflictos de interés.

• Eliminación de sanciones por culpa leve: El proyecto diferencia entre dolo, culpa grave y culpa leve, y elimina esta última como causal de sanción para asegurar decisiones más proporcionales.

• Cláusula de exclusión probatoria: Se reiteran estándares ya presentes en otros controles: las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales serán automáticamente anuladas.

• Alegatos de conclusión: Se incorpora formalmente esta etapa del proceso para fortalecer el derecho a la defensa y permitir la contradicción en igualdad de condiciones tras la práctica probatoria.

• Reincorporación de figuras del Decreto Ley 403 de 2020: Se retoman herramientas procesales que habían sido suprimidas o modificadas.

• Mayor motivación en los fallos: Se exige a la Contraloría una motivación más robusta en las decisiones, con el fin de elevar la transparencia y la solidez técnica.

• Ajustes procedimentales: Incluye cambios en la suspensión de términos, la unidad procesal y el archivo de indagaciones preliminares, entre otros.

• Fortalecimiento de la autonomía y la seguridad jurídica.

Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, respaldó la iniciativa, pero advirtió que la ciudadanía exige mejores resultados de la Contraloría General. “En muchos casos se muestra lenta y no eficaz, lo que desestimula la confianza en una entidad clave para la defensa del presupuesto público”, señaló.

Motoa también llamó la atención sobre las contralorías territoriales, que, según dijo, “se han convertido en refugios burocráticos y estructuras extorsivas”, mencionando situaciones denunciadas en el Valle del Cauca y la Contraloría de Cali.

Durante el debate intervino además Hernán Jojoa, contralor delegado para la Responsabilidad Fiscal, quien precisó que la entidad acompaña técnicamente el proyecto, aunque mantiene reservas sobre algunos puntos, como el tratamiento de la culpa grave. Recordó que la Corte Constitucional ya había declarado inexequible la responsabilidad fiscal por culpa distinta a la grave o al dolo.

Jojoa también se refirió a las indagaciones preliminares, etapa preprocesal en la que se examina si existe daño al patrimonio público. Aclaró que la propuesta de permitir el archivo solo en esta fase no implica desproteger el erario, pues muchas de estas indagaciones podrían continuar si se evidencia un perjuicio.

Pese a las observaciones, el funcionario subrayó que la iniciativa tiene más aspectos positivos que negativos y consideró necesario un debate amplio sobre su conveniencia antes de avanzar al siguiente trámite legislativo.

Paola Martínez Burgos