Avances y desafíos en Nariño: Audiencia Pública destaca reducción de violencia, pero alertó riesgos persistentes

Con la participación de líderes sociales, autoridades territoriales, comunidades indígenas, afrodescendientes y representantes de diversas entidades estatales, se llevó a cabo una Audiencia Pública en la que se reconocieron avances significativos en la disminución del conflicto armadoen esta región del suroccidente colombiano.

Durante el encuentro, los asistentes lamentaron la ausencia del ministro del Interior, Armando Benedetti. No obstante, se destacó que entre 2023 y lo corrido de 2025, el departamento de Nariño ha registrado una reducción sostenida en indicadores de violencia, especialmente en desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y homicidios relacionados con el conflicto armado. Estos avances fueron atribuidos al trabajo articulado entre comunidades y autoridades locales, así como al inicio de diálogos con estructuras armadas como el frente Franco Benavides, del Estado Mayor Central.

Pese a los logros, los participantes insistieron en que la permanencia de economías ilegales, sumada a una débil presencia institucional, sigue alimentando el ciclo de violencia y criminalidad en el territorio.

Tanto el senador Robert Daza como el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, coincidieron en que se requiere una transformación estructural de los territorios. Esto implica una inversión sostenida en salud, educación, conectividad digital y vías terciarias, como base para una paz duradera.

Las comunidades indígenas y afrodescendientes reclamaron condiciones dignas para la construcción de paz, respeto por sus derechos colectivos y el avance de una legislación de justicia transicional que se ajuste a sus realidades históricas y culturales.

Uno de los principales logros destacados fue la formalización de 11 acuerdos con el grupo armado “Comuneros del Sur”, que contemplan ceses al fuego, zonas de concentración, entrega de armas y procesos de reincorporación con acompañamiento internacional y participación activa de las comunidades.

A su vez, la audiencia abordó los principales retos humanitarios que aún enfrenta la región: el aumento de abusos sexuales, asesinatos selectivos y restricciones a la asistencia humanitaria. A pesar de estos desafíos, entidades como el ICBF, UNICEF y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización han impulsado iniciativas clave a favor de la niñez y de la reincorporación de excombatientes.

La Unidad Nacional de Protección (UNP), por su parte, alertó sobre el colapso de su capacidad operativa ante el creciente número de solicitudes de protección y denunció el robo sistemático de vehículos asignados. La entidad insistió en la necesidad de avanzar hacia esquemas de protección colectiva, especialmente en contextos rurales de alto riesgo.

En el cierre de la audiencia, se reiteró la urgencia de consolidar ceses al fuego regionales e hizo un llamado a construir la paz desde los territorios, sin imposiciones externas ni enfoques militaristas.

El senador Carlos Benavides subrayó la importancia de reconocer al suroccidente del país como una región estratégica para la paz nacional.

Finalmente, se anunció que las bancadas de paz presentarán el próximo 20 de julio una propuesta legislativa que busca consolidar los avances alcanzados y garantizar una intervención integral del Estado social de derecho en los territorios afectados por el conflicto.

Paola Martínez Burgos