Aumenta la extorsión en Colombia: 6 de cada 10 casos se originan desde las cárceles

La extorsión en lo que va del 2024 en Colombia sigue en aumento con un 22% en comparación del año 2023. Bogotá es una de las ciudades donde más extorsiones se denuncian, subió un 71% en 2024 comparado con el mismo periodo del año anterior, pasando de 1.138 a 1.942 casos.

Cabe destacar que el Consejo Gremial  Nacional a través de la herramienta: Observatorio de seguridad, el cual contrasta diferentes cifras provenientes de diversas fuentes  como la Policía, la Fiscalía,  la Defensoría del Pueblo,  Medicina legal,  entre otras distintas organizaciones locales. En su primer informe, bajo la dirección del profesor de la Universidad de los Andes y exsecretario de seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, destacó una alarmante tendencia en el país, sobre masacres, homicidios, hurtos, ataques terroristas, secuestros y extorsión.

En cuanto a las extorsiones, el panorama es alarmante. El informe destacó un aumento del 100% en los últimos diez años; los casos pasaron de 10,6 extorsiones por cada 100.000 habitantes en 2014 a 21,2 extorsiones por cada 100.000 habitantes al cierre de 2023, según datos del Ministerio de Defensa. Este organismo también reportó que durante los primeros cinco meses de este año se registraron 5.016 casos de extorsión, en comparación con los 3.894 casos ocurridos en 2023.Daniel Mejía, director del observatorio, comentó que “este es un delito de muy rápido crecimiento y una fuente principal de preocupación del sector empresarial. Es uno de los delitos con más alto subregistro entre los afectados”.

La situación es especialmente grave en Bogotá, donde el Ministerio de Defensa reportó un aumento del 130% en el número de extorsiones denunciadas, mientras que la Fiscalía señaló un incremento del 116%.

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Por otra parte, la Representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, señaló que  a pesar de los alarmantes datos, los inhibidores de señal en 8 cárceles del país, incluyendo La Picota y La Tramacúa de Valledupar, están fuera de servicio. Esto ha facilitado la extorsión desde los centros penitenciarios, un problema crítico donde 6 de cada 10 extorsiones provienen de las cárceles.

El impacto es evidente: Bogotá es una de las ciudades donde más extorsiones denuncian. Localidades como Fontibón, Los Mártires, Candelaria, Teusaquillo, Santa Fe, Engativá, Ciudad Bolívar, Suba y Kennedy enfrentan incrementos preocupantes que pasan el 170%, afectando a comerciantes y ciudadanos.

Además, la falta de control dentro de las cárceles ha resultado en investigaciones y sanciones contra 3.863 funcionarios y en la incautación de más de 6.300 equipos de comunicación solo en 2023. A esta grave situación se suma la baja ejecución presupuestal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en herramientas tecnológicas, que apenas alcanza un 0,12%. Sin inversión adecuada en tecnología para evitar las extorsiones desde las cárceles, el gobierno carece de control real sobre este flagelo.

En ese sentido, la Representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, aseguró que la seguridad de los colombianos no puede seguir siendo postergada; urge una respuesta efectiva y contundente. “Hemos radicado con el Representante a la Cámara, Julio Cesar Triana, un proyecto de ley que busca regular la adquisición de tarjetas SIM en Colombia con el objetivo de combatir las extorsiones y otros delitos que se realizan desde los centros penitenciarios y carcelarios”.

La medida pretende que las tarjetas SIM sean adquiridas de manera más controlada, evitando que sean utilizadas de forma anónima, lo que permitiría identificar con mayor facilidad a los responsables de las llamadas extorsivas”, aseveró Arbeláez.A esta preocupante perspectiva se le añade la poca efectividad de los procesos judiciales en contra de los extorsionistas. A pesar de que las denuncias son cada vez más numerosas, los procesos muestran pocos (o nulos) avances. De hecho, parecen acumularse cada vez más en los despachos y archivos de las oficinas de los fiscales.

Paola Martínez Burgos