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Menor que disparó a Miguel Uribe será sentenciado en los próximos días
Hace apenas seis días, el pasado martes 5 de agosto, bajo estrictas medidas de seguridad, se realizó la audiencia reservada contra el menor de 15 años que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La diligencia fue virtual: el joven permanecía hospitalizado en la Clínica Colombia, conectado a suero y monitoreado por personal médico, mientras la fiscal del caso, la defensa y la jueza se encontraban en puntos distintos de la ciudad. El menor apareció en pantalla con bata de hospital, atado a un catéter, sin comprender del todo el alcance jurídico de lo que enfrentaba. A pesar de la recomendación inicial de su abogado de negar los cargos, el joven aceptó formalmente su responsabilidad por homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. La pistola Glock 9 mm que utilizó había sido modificada para disparar en ráfaga, aumentando su letalidad.
La Fiscalía descartó otorgarle el principio de oportunidad. Según el ente acusador, su testimonio no permitió identificar a otros responsables, y fue gracias a cámaras de seguridad y labores de inteligencia que se logró desmantelar la estructura detrás del atentado. La jueza especializada en infancia y adolescencia dictará sentencia el 27 de agosto. La sanción máxima aplicable, según el artículo 187 de la Ley 1098 de 2006, es de ocho años de internamiento en un centro especializado para adolescentes infractores. Aunque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar había solicitado que el joven no pagara ni un solo día de reclusión, la Fiscalía insistió en la gravedad del crimen y en la necesidad de una sanción efectiva.
Con la partida de Miguel Uribe Turbay confirmada hoy lunes 11 de agosto, luego de permanecer más de dos meses en estado crítico en la Fundación Santa Fe, la Fiscalía anunció que los seis capturados vinculados al caso serán imputados por homicidio agravado. Entre ellos se encuentran Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela, quien habría entregado el arma al menor y supervisado la ejecución del atentado; Carlos Eduardo Mora González, alias el Veneco, acusado de participar en la logística del ataque y de estar presente en el vehículo donde el menor recibió el arma; William González Cruz, alias el Viejo, señalado por colaborar en la selección del menor y facilitar la huida; Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño o Chipy, considerado el articulador del ataque; Cristian Camilo González Ardila, presunto conductor de la motocicleta de escape; y un segundo menor de 17 años, que inicialmente iba a ejecutar el ataque, pero se retiró del plan y huyó del centro del ICBF.
La investigación apunta a una estructura criminal que habría planeado el ataque desde Caquetá, con presunta participación de alias Zarco Aldinever, disidente de las FARC vinculado a la Segunda Marquetalia. Este último habría sido asesinado recientemente en Venezuela, en una acción atribuida al ELN, aunque la información está en proceso de verificación. Según reportes de inteligencia, el arma utilizada en el atentado fue adquirida legalmente en el estado de Arizona, Estados Unidos, en agosto de 2020. La Fiscalía considera que el crimen fue motivado políticamente. Miguel Uribe Turbay era una figura visible de la oposición al gobierno de Gustavo Petro y se perfilaba como uno de los precandidatos presidenciales con mayor proyección dentro del sector de derecha. En varias ocasiones, había informado a la Unidad Nacional de Protección sobre el riesgo que enfrentaba por sus posturas críticas, sin que se reforzara su esquema de seguridad.
El ataque ocurrió mientras Uribe pronunciaba un discurso político en el parque El Golfito, barrio Modelia, Bogotá. El menor se ubicó entre la multitud, desenfundó el arma y disparó tres veces: dos impactos en la cabeza y uno en la pierna. El esquema de seguridad reaccionó de inmediato, capturando al agresor a una cuadra del parque. Uno de los escoltas relató a la Fiscalía: “Comencé a correr tras de esta persona y, una vez se percata, me hace un disparo. Temiendo por mi integridad física, reacciono con mi arma de fuego”. El atentado quedó registrado en video, lo que permitió a las autoridades identificar a los cómplices. Según el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, “no vamos a descansar hasta contarle al país quién dio la orden”.
El fallecimiento del senador ha generado conmoción nacional y reactivado el debate sobre el uso de menores por parte de redes criminales, así como la protección de figuras públicas en el contexto político colombiano. El Senado de la República expresó su “más enérgico rechazo” al asesinato, calificándolo como un acto violento que “jamás debió ocurrir”. El expresidente Álvaro Uribe lo describió como una “esperanza de la patria”, mientras que Iván Duque afirmó que “el terrorismo nos arrebató a un líder íntegro y transparente”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Gobierno colombiano un informe sobre las condiciones de protección del senador en el momento del ataque.
Uribe Turbay, de 39 años, era nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala. Su madre, la periodista Diana Turbay, fue asesinada por el cartel de Medellín en 1991. En su discurso de precandidatura, Uribe recordó ese episodio como el punto de inflexión que lo llevó a combatir la violencia por medios institucionales. “Pude haber crecido buscando venganza, pero decidí hacer lo correcto: perdonar, pero nunca olvidar”, dijo. Su campaña se centraba en la seguridad, la institucionalidad y la defensa del Estado de derecho. El atentado en su contra instaura uno de los episodios más oscuros de la política colombiana en este siglo, y su muerte reabre el debate sobre la violencia política, el uso de menores en crímenes organizados y la fragilidad de los esquemas de protección.
Juan Joya
