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11 agosto, 2025El municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, se encuentra conmocionado por el asesinato de Brayan Saa, un reconocido líder social y comunitario que se destacaba por su labor en la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) y su participación activa en el consejo comunitario de El Danubio, corregimiento del mismo municipio. Su cuerpo fue hallado sin vida en la vía que conecta Pata con Buenaventura, en un sector de difícil acceso que ha impedido hasta ahora su recuperación.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este repudiable hecho ocurrió el jueves 7 de agosto y con esta muerte ya son 96 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va de 2025. La organización alerta que esta cifra refleja una grave crisis de seguridad y vulneración de derechos en distintas regiones del país, especialmente en zonas donde persiste la presencia de actores armados ilegales.
De acuerdo con Indepaz, la Defensoría del Pueblo recordó que, desde 2023, emitió la Alerta Temprana 036, que incluye a Dagua como un municipio en riesgo de desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, homicidios selectivos y secuestros. Este documento advierte sobre amenazas constantes contra líderes sociales, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, docentes y jóvenes, instando a las autoridades a tomar medidas urgentes para proteger a la población.
A esta advertencia se suma la Alerta Temprana 019, dirigida a líderes y defensores de derechos humanos en todo el país. En ella, la entidad señala que las personas que ejercen liderazgo social enfrentan un alto riesgo por la imposición de normas y el control social que ejercen grupos armados ilegales. Esta situación representa una amenaza permanente para el ejercicio de sus derechos y la seguridad de sus comunidades.
En la zona donde fue asesinado Saa, se reporta la presencia del Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), así como de otros grupos criminales de esta región. Estos grupos han sido señalados de imponer restricciones y ejercer violencia contra la población, lo que aumenta la tensión y la inseguridad en el territorio.
Asimismo, indicaron que la jurisdicción militar de la zona corresponde a la Tercera División del Ejército Nacional. Sin embargo, el crimen de Brayan Saa evidencia que las medidas de seguridad actuales no han logrado frenar los ataques contra líderes sociales. Organizaciones de derechos humanos exigen una respuesta coordinada y efectiva que no solo incluya más presencia militar, sino también acciones integrales para garantizar la vida y el trabajo comunitario de quienes defienden los derechos de sus comunidades.
Dayineth Isabel Molina Velásquez




