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La violencia contra los funcionarios del sistema penitenciario colombiano escaló a un nuevo nivel de crudeza este martes con el asesinato del dragoneante Jimmy Flores Salazar, quien fue atacado a tiros por sicarios momentos después de salir de su turno en la cárcel de Villahermosa, al suroriente de Cali.
El funcionario, quien se movilizaba en un vehículo particular por el barrio Conquistadores, fue interceptado y ejecutado en un ataque directo que ha encendido todas las alarmas sobre una posible estrategia de grupos criminales para amedrentar y coaccionar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Un Patrón Criminal que se Repite
Este no es un hecho aislado, sino el eslabón más trágico de una cadena de ataques recientes contra la institución penitenciaria. Las autoridades investigan si el crimen de Flores Salazar está conectado con otros incidentes, como el asesinato de un dragoneante en Palmira y el atentado con granada contra el vehículo del director regional del INPEC en Cali, registrado el 26 de septiembre.
“Las autoridades han atribuido los ataques a una estrategia de grupos criminales para influir en el trato que reciben peligrosos reclusos en el país”, señala el análisis preliminar. La hipótesis principal es que estas organizaciones buscan presionar para obtener beneficios carcelarios o evitar el traslado de sus cabecillas a centros de máxima seguridad.
La Respuesta del Estado: Recompensas y Refuerzo de Seguridad
Frente a esta ola de violencia, el Ministerio de Defensa activó un plan de contingencia nacional para proteger a los uniformados. El ministro Pedro Sánchez ordenó a la Policía Nacional trabajar en coordinación con la Fiscalía General de la Nación en una respuesta contundente.
En un comunicado oficial, el INPEC afirmó que “el esfuerzo se enmarca en una respuesta coordinada y articulada del Estado frente a los desafíos que plantea la acción ilegal de grupos criminales”.
Como parte de las medidas, las autoridades ofrecen hasta $50 millones de recompensa por información que permita capturar a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes. La recompensa busca desarticular las redes que están orquestando los ataques desde dentro y fuera de las prisiones.
Los Presuntos Cerebros de la Ola Criminal
La inteligencia policial ya habría identificado a dos presuntos cabecillas detrás de esta ofensiva. Uno de ellos es Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, líder de la banda ‘La Inmaculada’. Según las investigaciones, Marín estaría detrás de maniobras para evitar su traslado a la cárcel La Modelo y, desde su actual lugar de reclusión, continuaría dirigiendo actividades delictivas.
El asesinato del dragoneante Flores Salazar no solo deja en evidencia la vulnerabilidad de los guardianes de las prisiones, sino que expone la audacia con la que los grupos criminales están intentando tomar el control del sistema penitenciario. Mientras las autoridades se enfocan en desmantelar estas redes, la sombra de la intimidación se cierne sobre los funcionarios que cumplen su labor en uno de los entornos más peligrosos del país.
Humberto ‘Toto’ Torres
