Armero, 1985–2025: la tragedia que no termina y la verdad que no llega

¿Por qué las leyes de memoria y reparación han tenido tan baja ejecución, pese a estar vigentes desde hace más de una década?

A cuatro décadas del desastre natural que borró del mapa al municipio de Armero, Tolima, la Defensoría del Pueblo presentó un informe que cuestiona la respuesta estatal frente a las víctimas y sobrevivientes. El documento, titulado “Armero: ¿40 años de vulneración de derechos?”, señala que “el Estado desconoce el número, identidad y ubicación de los sobrevivientes a la tragedia, así como la población afectada”.

La noche del 13 de noviembre de 1985, una avalancha de lodo y escombros descendió desde el volcán Nevado del Ruiz, sepultando en segundos a más de 25.000 personas. “Yo tenía 11 años. Me despertó un ruido como de tren, pero no había trenes en Armero. Cuando salí, ya no había casa, ni vecinos, ni calle. Solo lodo. Solo gritos”, relató María Fernanda Rojas, sobreviviente.

El informe oficial denuncia que, pese a la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) en 2012, las fallas estructurales persisten. “La tragedia no terminó en 1985; continúa en cada desastre”, advierte el documento, al señalar que eventos como la avalancha en Mocoa en 2017 evidencian la fragilidad institucional y la falta de aplicación de las lecciones aprendidas.

En cuanto a lo legislativo, se han promulgado normas como la Ley 1632 de 2013 y la Ley 2505 de 2025, que declaran el territorio de Armero como Bien de Interés Cultural y ordenan acciones de memoria y reparación. Sin embargo, según el senador Guido Echeverri, “esa comisión no ha cumplido su tarea; en 16 años se han reunido algo así como 9 veces, y no han hecho la más mínima acción para asegurar los mandatos de esas normas”.

Uno de los aspectos más sensibles del informe es la situación de los niños desaparecidos. Se estima que al menos 500 menores fueron dados en adopción por vías regulares e irregulares. “Por estos días se han escuchado los relatos de papás y mamás de algunos de los 150 niños que supuestamente fueron rescatados, pero cuyo paradero sigue sin conocerse”. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha reconocido públicamente su responsabilidad y pidió perdón a las familias afectadas.

En paralelo, se han firmado acuerdos entre el ICBF y la Fundación Armando Armero para contribuir en la búsqueda de verdad y reparación, incluyendo el análisis del llamado “Libro Rojo”, que podría contener pistas sobre el destino de algunos menores desaparecidos. No obstante, los avances son limitados y los familiares continúan reclamando respuestas.

Durante la conmemoración de los 40 años, más de 10.000 personas se reunieron en el antiguo territorio de Armero, convertido hoy en un camposanto de cruces y placas. “Cada noviembre las autoridades aparecen para decir que hay que hacer mil cosas por Armero, pero los sobrevivientes regresan para encender velas, leer poemas y abrazarse en silencio”.

Juan Joya