La Procuraduría no encontró pruebas suficientes que vinculen a Karen Abudinen con el escándalo de Centros Poblados, donde se perdieron 70 millones de pesos.
De manera definitiva, la Procuraduría General de la Nación archivó el proceso disciplinario que avanzaba contra la exministra de las TIC, Karen Abudinen, por su presunta participación en la adjudicación de contratos en Centros Poblados por la suma de 70 millones de pesos de un anticipo entregado para llevar internet a escuelas rurales de 16 departamentos de Colombia.
La decisión de cerrar el proceso a favor de Abudinen la tomó la Sala Disciplinaria de Instrucción con ponencia del procurador John Harvey Pinzón, quien acreditó más argumentos en su documento de 46 páginas. En primer lugar, se determinó que Abudinen no tenía injerencia en la supervisión del contrato 1043 de 2020, ya que no era la responsable de la supervisión directa. Además, se concluyó que no participó en la revisión de la garantía bancaria que resultó ser falsa, una actividad que no estaba dentro de sus deberes funcionales, según el análisis del ente de control.
“Las decisiones tomadas durante su gestión, aunque relacionadas con el proceso de licitación, no constituyeron una violación a las normas de contratación pública que pudieran generar responsabilidades disciplinarias para la exministra”, argumentó el ente de control para archivar dicha investigación.
La Procuraduría también resalta que Abudinen solicitó a Adriana Meza Consuegra información sobre las acciones administrativas relacionadas con el incumplimiento del contrato. Este aspecto fue considerado como prueba de que la exministra estaba atenta a la situación, lo que contradice las acusaciones de negligencia en sus funciones.
Tras la decisión, líderes políticos como Germán Vargas Lleras, a través de su cuenta de X, alegó que: “Ni un solo centavo se ha recuperado de los 70.000 millones de los Centros Poblados y la @PGN_COL hoy cerró la investigación. Jamás hemos conocido quiénes fueron los autores intelectuales. Por eso he sostenido que hay que acabar esa entidad.”
Por su parte, la red de veedurías Bien Común interpuso una recusación contra la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, dado que Cabello debería declararse impedida por su cercanía con el Gobierno. “No es sorpresa, pero indigna: Margarita Cabello archivó la investigación contra Karen Abudinen, la cuota de los Char en el gobierno de Duque. ¿Alguna duda de que Cabello fue puesta para proteger a los clanes políticos? Impunidad total y $70 mil millones perdidos”, agregó la senadora Esmeralda Hernández en su cuenta de X.
Para tener en cuenta, el caso involucra un contrato otorgado a la Unión Temporal Centros Poblados en 2020, destinado a mejorar la conectividad en zonas rurales, específicamente para conectar más de 15,000 escuelas. Sin embargo, el contrato enfrentó serias irregularidades, incluido el descubrimiento de que la empresa adjudicataria usó documentos falsos y no cumplió con los tiempos de ejecución estipulados.
Gina Amariles