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La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate la ‘Ley Sarita’, un proyecto impulsado por la senadora Liliana Bitar, del Partido Conservador, que busca garantizar la entrega oportuna de los recursos embargados por concepto de cuota alimentaria a menores de edad.
La nueva norma ordena a los jueces de familia que dispongan, de manera anticipada y sin dilaciones, los recursos retenidos por embargos salariales o pensionales a favor de los hijos de padres demandados, evitando que los fondos queden congelados por tiempo indefinido mientras avanza el proceso judicial.
Actualmente, hasta el 50% del salario o pensión del progenitor puede ser embargado. Sin embargo, en muchos casos, estos dineros permanecen inmovilizados en cuentas del Banco Agrario durante años, lo que impide que niñas, niños y adolescentes accedan de forma oportuna a recursos fundamentales para cubrir sus necesidades básicas.
“El principal beneficio de esta ley es reducir el tiempo de entrega de las cuotas alimentarias a nuestros menores”, explicó la senadora Bitar. Para lograrlo, se modificó el Código General del Proceso, creando el artículo 397A e incorporando cambios en el artículo 447, con reglas especiales aplicables exclusivamente a los procesos de alimentos que involucren a menores de edad.
La iniciativa nació gracias a una alianza con la academia. A través del consultorio jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada, la congresista conoció el caso de Sara Guiselle, una niña de siete años con múltiples discapacidades, quien llevaba más de año y medio sin poder acceder a la cuota alimentaria embargada a su padre.
La historia de Sarita inspiró la propuesta legislativa que hoy representa un avance para mitigar una problemática que afecta a más de 55 mil procesos judiciales en el país.
Tras superar los cuatro debates reglamentarios, la ‘Ley Sarita’ queda lista para ser sancionada por el presidente de la República.
Paola Martínez Burgos
