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Antioquia celebró el fallo del Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Medellín, que ordena al Ministerio de Hacienda girar cerca de 6.858 millones de pesos para garantizar la realización de la consulta popular del Valle de San Nicolás, suspendida por la falta de recursos.
Según la Gobernación de Antioquia, la decisión ratifica la legitimidad y el carácter democrático del proceso de creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás (AMVSN). Esta medida judicial fue interpretada por las autoridades locales como una reivindicación del derecho ciudadano a decidir sobre el desarrollo de su territorio.
El director del Departamento Administrativo de Planeación, Eugenio Prieto Soto, celebró la orden judicial y destacó su importancia para la democracia participativa. “La jueza tuvo la razón, porque la suspensión había vulnerado derechos fundamentales y afectado el principio democrático. Lo que hubo fue una celebración por algunos sectores porque se suspendió la consulta, como si la democracia pudiera celebrarse cuando se silencia al pueblo”, afirmó el funcionario.
Prieto recordó que, desde el 31 de enero de 2024, cuando se realizó el acto de instalación en el municipio de El Retiro, se han adelantado más de 107 espacios de conversación y socialización con las comunidades de los ocho municipios que integrarían el AMVSN. “El Área Metropolitana no le quita nada a nadie; al contrario, le devuelve a la región la posibilidad de planear con inteligencia su futuro”, agregó.
De acuerdo con la decisión judicial, el Ministerio de Hacienda tiene un plazo de dos días, a partir de la notificación, para transferir los recursos y permitir la realización de la consulta.
La Registraduría Nacional del Estado Civil había decidido suspender la jornada programada para el 9 de noviembre, en la que los habitantes de los ocho municipios debían votar sobre la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.
Se conoció que la suspensión se dio por el incumplimiento en el desembolso de los recursos, pese a que estos habían sido asignados desde el 3 de junio de 2025 por un valor de 6.858 millones de pesos.
Con el fallo judicial, la consulta popular podría retomarse en los próximos días, una vez el Ministerio cumpla con la orden de giro.
Humberto ‘Toto’ Torres
