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La exdirectora del Dapre argumenta que la permanencia de Petro en el país es necesaria mientras avanzan denuncias ante la Cámara.
La exdirectora del Dapre y del Fondo de Adaptación, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, pidió este jueves 20 de agosto al Congreso cancelar el permiso que permitiría a Gustavo Petro salir de Colombia durante el año siguiente al final de su mandato. La solicitud fue presentada por su abogado, Manuel Vicente Villanueva Luis, ante el presidente del Congreso, Honorio Henríquez Pinedo.
La petición, calificada por la defensa como “respetuosa, pero urgente”, sostiene que la permanencia del expresidente en el país resulta necesaria para garantizar el avance de las actuaciones judiciales derivadas de las denuncias formuladas por Rodríguez.
El documento señala que ante la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes cursa una denuncia contra Petro por presuntas conductas punibles relacionadas con actuaciones durante su Gobierno.
Entre los delitos mencionados por la defensa aparecen peculado por aplicación oficial diferente, tráfico de influencias de servidor público, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia. La solicitud atribuye estos señalamientos a hechos que, según Rodríguez, ocurrieron durante su paso por entidades del Gobierno.
Uno de los asuntos centrales de la denuncia está relacionado con presuntas presiones para trasladar cerca de un billón de pesos del presupuesto del Fondo de Adaptación. Según el documento, esos recursos estaban destinados inicialmente a programas de inversión social.
La defensa también vinculó la solicitud con las controversias alrededor del nombramiento de Juliana Guerrero, al mencionar presuntas presiones e intimidaciones que, según Rodríguez, estuvieron relacionadas con ese proceso.
El abogado aseguró que su representada ha recibido “presiones e intimidaciones”, además de señalamientos que considera injuriosos y calumniosos. El documento también menciona presuntas amenazas de muerte contra la exfuncionaria.
La situación de seguridad de Rodríguez constituye otro de los argumentos utilizados para pedir la intervención del Congreso. Según su defensa, la exdirectora enfrenta extorsiones, llamadas intimidatorias y amenazas reiteradas contra su vida e integridad personal.
La solicitud no implica por sí misma una decisión sobre la responsabilidad penal del expresidente. Los señalamientos deberán ser examinados por las autoridades competentes dentro de los procesos correspondientes, mientras el Congreso deberá determinar si mantiene o revisa el permiso de salida solicitado para Petro.
La decisión adquiere relevancia política porque el eventual viaje de Petro al exterior quedaría bajo discusión mientras avanzan las denuncias promovidas por una de sus antiguas funcionarias. El pronunciamiento del Congreso determinará si el permiso permanece vigente o si se adopta alguna medida frente al requerimiento de Rodríguez.
