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La abogada Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), fue designada como superintendente de Salud ad hoc para tomar decisiones sobre la Nueva EPS, una de las entidades más grandes del sistema de salud colombiano, actualmente intervenida. El nombramiento, oficializado este 11 de noviembre de 2025, marca un nuevo capítulo en la gestión gubernamental de los servicios de salud, en medio de tensiones políticas, cuestionamientos técnicos y una ciudadanía cada vez más escéptica.
La resolución que formaliza su designación señala que “la doctora Rodríguez ejercerá funciones de inspección, vigilancia y control sobre la Nueva EPS, con facultades para adoptar decisiones administrativas, contractuales y financieras que garanticen la continuidad del servicio”. Esto ocurre tras el impedimento declarado del superintendente titular, Ulahy Beltrán, por posibles conflictos de interés en el manejo de la entidad intervenida.
Rodríguez no es una figura improvisada en el Gobierno Petro. Su trayectoria incluye asesorías jurídicas, liderazgo en el Fondo Adaptación —donde fue encargada de reestructurar procesos y acelerar proyectos de infraestructura— y, sobre todo, una cercanía directa con el presidente Gustavo Petro. En declaraciones públicas, la funcionaria relató que “una llamada del presidente cambió mi vida”, haciendo referencia al momento en que pasó de ser asesora a convertirse en una de las mujeres más influyentes de la Casa de Nariño.
La Nueva EPS, con más de 10 millones de afiliados, fue intervenida en 2024 por presuntas irregularidades en la atención y el manejo de recursos. El Gobierno justificó la medida como una acción para proteger el derecho a la salud, mientras sectores técnicos y políticos advierten sobre el riesgo de concentración de poder y la falta de transparencia en las decisiones. En este sentido, el nombramiento de Rodríguez como autoridad especial sobre la entidad genera lecturas encontradas.
Por un lado, su capacidad técnica, su conocimiento del aparato estatal y su compromiso con la transformación del sistema serían sus principales puntos a favor. “Es una funcionaria rigurosa, con visión estratégica y sensibilidad social”, afirman desde el Ejecutivo. Además, su rol en el DAPRE le ha permitido articular políticas intersectoriales, lo que podría facilitar la coordinación entre salud, infraestructura y planeación.
Pero como la moneda tiene dos caras, los críticos del nombramiento señalan que la acumulación de funciones en una sola persona podría comprometer la independencia institucional y generar conflictos de interés. “No se puede ser juez y parte en decisiones que afectan a millones de colombianos”, advierten analistas que ven en esta designación una señal de hipercentralización del poder en el Ejecutivo.
En un país donde la salud pública suele estar en cuidados intensivos, la solución parece ser una funcionaria todoterreno, capaz de asumir tres cargos simultáneos sin despeinarse. ¿Eficiencia o concentración? ¿Confianza presidencial o falta de controles? La respuesta, como suele ocurrir, depende del cristal con que se mire… y del número de llamadas que se reciban desde el despacho presidencial.
Juan Joya




