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La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) encendió las alertas por lo que considera un posible exceso en las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) frente a algunos empresarios del país. Según el gremio, los requerimientos de información que estaría realizando la entidad podrían desbordar sus facultades legales y poner en riesgo derechos fundamentales como la libre empresa y la confidencialidad de las estrategias comerciales.
De acuerdo con la ANDI, la SIC estaría solicitando a distintas compañías datos sensibles relacionados con la estructura de costos, los márgenes de ganancia y las políticas comerciales, información que forma parte del núcleo estratégico de las empresas. Para la agremiación, este tipo de exigencias no solo compromete la reserva empresarial, sino que podría afectar la competitividad del sector productivo y generar un clima de incertidumbre jurídica.
El gremio empresarial recordó que, si bien la Superintendencia cuenta con la facultad legal de requerir información a personas naturales y jurídicas en el marco de sus funciones, dichas solicitudes deben ajustarse estrictamente a los límites que impone la ley y responder a criterios de proporcionalidad. En ese sentido, enfatizó que los funcionarios públicos solo pueden ejercer las competencias que les han sido expresamente otorgadas por el ordenamiento jurídico.
La ANDI también subrayó que la protección de los derechos de los consumidores es un objetivo legítimo y necesario, pero advirtió que este propósito debe alcanzarse sin desconocer los derechos constitucionales de las empresas ni abrir la puerta a posibles abusos de poder por parte de la autoridad administrativa.
Finalmente, la asociación no descartó que la Corte Constitucional pueda pronunciarse sobre el alcance de las facultades de la SIC frente a este tipo de requerimientos de información. Según el gremio, una eventual revisión judicial sería clave ante las posibles consecuencias negativas, como la vulneración del derecho a la libre empresa, el debilitamiento de la seguridad jurídica y un impacto adverso en la competitividad del país.
Humberto ‘Toto’ Torres
