El caso de Ana Catalina Noguera, exfiscal y exdirectora de Finanzas Criminales de la Fiscalía, ha tomado un giro significativo. Noguera será condenada por su participación en una red criminal que extorsionaba a personas con problemas legales, con el objetivo de evitar su extradición a los Estados Unidos.
Este veredicto se dio a conocer tras el allanamiento de cargos que la propia Noguera realizó en febrero de este año. El Juzgado Tercero Transitorio de Bogotá ha avalado esta condena, y el 7 de noviembre se llevará a cabo una audiencia para determinar la duración de su sentencia, que podría abarcar delitos como violación ilícita de comunicaciones, fraude procesal y violación de datos personales.
Además de la duración de su condena, el juez tendrá que decidir si Noguera deberá cumplir su sentencia en prisión, ya que actualmente se encuentra bajo detención domiciliaria.
La Fiscalía ha presentado evidencia que sugiere que Noguera realizó interceptaciones ilegales con la ayuda de un oficial de policía y sostuvo reuniones con líderes del crimen organizado, a quienes habría solicitado grandes sumas de dinero para evitar su extradición a los Estados Unidos. Imágenes que la Fiscalía ha utilizado como pruebas la muestran reunida con Carlos Ramón Zapata, alias “el Médico”, un conocido narcotraficante.
Además de estos cargos, Noguera también habría abusado de su posición en la Fiscalía para ordenar escuchas telefónicas ilegales en contra de la esposa de su ex pareja con la intención de descubrir posibles infidelidades.
Durante audiencias preliminares, salió a la luz que Noguera había tenido una relación amorosa con un supuesto narcotraficante y que había participado en reuniones en fincas con líderes del narcotráfico Ignacio Álvarez Meyendorf y Gabriel Puerta Parra.
Este caso también ha llevado a investigaciones en curso que involucran a varios miembros de la Policía Nacional, fiscales y narcotraficantes por su presunta participación en estas actividades ilícitas.
Noguera fue arrestada por funcionarios del CTI de la Fiscalía en Bogotá el 13 de febrero y, antes de su detención, se había desempeñado como directora especializada de Extinción del Derecho de Dominio y como delegada contra las Finanzas Criminales durante parte del año 2020.