Alto Tribunal ordena frenar resolución del MinAmbiente sobre la Sabana de Bogotá

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión provisional del trámite de la resolución que el Ministerio de Ambiente buscaba expedir para establecer lineamientos ambientales en la Sabana de Bogotá y la capital colombiana. La decisión, emitida como medida cautelar por la magistrada Nelly Villamizar, exige que los documentos y pruebas técnicas sean revisados por las entidades que no tuvieron oportunidad de controvertirlos, garantizando así un proceso más participativo y transparente.

El fallo establece que el Ministerio de Ambiente deberá convocar a las autoridades territoriales, ambientales y al Acueducto de Bogotá para analizar los documentos que sustentan el borrador de la resolución. Este proyecto, que impacta a 40 municipios de la Sabana y a Bogotá, había sido publicado para comentarios hasta el 14 de marzo, aunque se planteó la posibilidad de ampliar el plazo hasta el 28 de abril. La audiencia fue solicitada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el marco del cumplimiento de la sentencia de saneamiento del río Bogotá.

Durante las audiencias, tanto el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, como el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, expresaron su preocupación por la falta de concertación en la formulación del borrador. Galán resaltó la importancia de trabajar de manera articulada con las autoridades locales y regionales para garantizar la protección ambiental, mientras que el gobernador Rey advirtió sobre las restricciones que el proyecto podría llegar a imponer al desarrollo urbano y la habilitación de suelos para vivienda.

En cuanto al Acueducto de Bogotá, también señaló posibles impactos negativos en proyectos clave como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas y la PTAR Salitre, cruciales para el saneamiento del río Bogotá. Según la empresa, la resolución podría incidir en la operación y construcción de estas infraestructuras, además de superponerse con las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del 2021.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente defendió la iniciativa, argumentando que es el resultado de más de dos años de trabajo técnico y que no afecta retroactivamente la infraestructura existente ni los barrios ya establecidos. Además, aseguró que la resolución respeta las orientaciones de los POT y que busca mitigar riesgos asociados al cambio climático.

Este caso pone de manifiesto la necesidad de un diálogo interinstitucional debidamente articulado y efectivo, así como de procesos participativos que equilibren la protección ambiental con el desarrollo urbano. La suspensión del trámite abre la puerta a una revisión más exhaustiva que permita tomar decisiones concertadas en beneficio de la región y sus habitantes.

Juan Joya