Alto tribunal abre incidente de desacato en contra de la canciller Sarabia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió abrir un incidente de desacato contra la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, por presuntamente no acatar una orden judicial proferida el 27 de febrero de 2025. La medida judicial exigía la suspensión provisional del Decreto 1430 del 27 de noviembre de 2024, mediante el cual se designó a María Camila Ceballos Caicedo como segunda secretaria de Relaciones Exteriores, asignada al Consulado de Colombia en Tulcán, Ecuador.

Esta acción legal tiene origen en una demanda de nulidad interpuesta por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo). Según esta organización, el nombramiento de Ceballos Caicedo viola los principios establecidos en el Decreto Ley 274 de 2000, que regula el servicio exterior colombiano. De acuerdo con Unidiplo, “la demandada no pertenece a la Carrera Diplomática y Consular, por lo que su nombramiento debió ajustarse a los requisitos legales de agotar todas las opciones con funcionarios de carrera antes de designar en provisionalidad a personas externas”.

Aunque la medida cautelar ordenaba la suspensión inmediata de Ceballos en el cargo, la Cancillería habría optado por presentar una solicitud de aclaración al fallo, lo que el Tribunal consideró como “una maniobra dilatoria”. La magistrada Ana Margoth Chamorro Benavides, ponente del caso, determinó que dicha petición carecía de sustento suficiente para alterar el alcance de la medida cautelar original, y rechazó la solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Unidiplo señaló que “la finalidad de la medida cautelar es precisamente evitar que se mantenga una situación jurídica irregular mientras se resuelve el fondo del asunto”. Asimismo, acusó al Ministerio de intentar retrasar el cumplimiento de la orden judicial mediante la presentación de recursos adicionales, lo que calificó como un desacato evidente. Esta postura fue respaldada por la apoderada de Unidiplo, María Camila García Serrano, quien enfatizó la necesidad de sancionar el incumplimiento por parte de la Cancillería.

El Tribunal, en su resolución, advirtió sobre posibles sanciones contra la ministra Sarabia en caso de persistir el incumplimiento de la medida cautelar. “El desacato judicial, además de ser un acto que vulnera el Estado de derecho, atenta contra la confianza pública en las instituciones”, destacó el auto emitido.

Por su parte, la organización sindical insiste en la importancia de respetar los principios de mérito y legalidad que rigen la carrera diplomática en Colombia. A través de este caso, Unidiplo busca no solo la nulidad del nombramiento de Ceballos Caicedo, sino también preservar la integridad del servicio exterior y evitar precedentes que puedan socavar el orden institucional.

El desarrollo del incidente y las respuestas del Ministerio de Relaciones Exteriores serán clave para determinar las posibles consecuencias legales para la ministra y la Cancillería. La justicia, en este sentido, será el árbitro definitivo para resolver el conflicto y garantizar que las decisiones judiciales se ejecuten sin dilaciones.

Juan Joya