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De acuerdo con las autoridades, la mujer lideraba una red que ofrecía dinero a militares a cambio de información confidencial sobre operaciones en Magdalena Medio y Bolívar.
Durante más de un año, Teresa Jaramillo Giraldo, conocida como alias “La Tía”, desempeñó un papel estratégico en la estructura criminal del Clan del Golfo. Aunque se presentaba como lideresa social en Valdivia (Antioquia), las autoridades identificaron que su verdadera función consistía en coordinar una red de sobornos a miembros de la Fuerza Pública, con el objetivo de obtener información confidencial sobre operativos militares en zonas de influencia del grupo armado ilegal.
La investigación, liderada por la Fiscalía General de la Nación, reveló que Jaramillo articulaba un grupo de civiles que contactaba a militares activos y retirados, ofreciéndoles sumas de dinero a cambio de datos sensibles. “La mujer articulaba a un grupo de personas que contactaba a militares y les pagaba determinadas sumas de dinero a cambio de detalles sobre los movimientos de las tropas y las operaciones contra el Clan del Golfo”, indicó el ente acusador. Esta información era entregada directamente a cabecillas de la subestructura Arístides Mesa Páez, que opera en el Magdalena Medio y el sur de Bolívar.
Entre los implicados en la red se encuentra el cabo primero retirado Juan David Caicedo Lucumí, quien ofreció hasta 100 millones de pesos a un oficial del Ejército siguiendo instrucciones de Jaramillo. También participaron Daniel Henao Hernández y Luis Fernando Zapata Jaramillo, hijo de la condenada, quienes entregaron 25 millones de pesos cada uno a otro uniformado en Medellín entre octubre de 2024 y enero de 2025. En otro episodio, el cantante Mauricio Capiz habría realizado una transferencia inicial de un millón de pesos como parte del soborno.
La red operaba con precisión logística. Los pagos se realizaban en efectivo o mediante transferencias bancarias, y los encuentros eran coordinados en Medellín, Cartagena y zonas rurales de Bolívar. La información obtenida incluía detalles sobre movimientos de tropas, fechas de operativos, ubicación de comandos y estrategias de intervención. Estos datos eran canalizados hacia alias “Chirimoya”, uno de los máximos cabecillas del Clan del Golfo, lo que permitía a la organización criminal anticiparse a las acciones del Estado y reforzar su control territorial.
El caso también reveló vínculos con otros actores civiles, como el comerciante Jhon Jairo Zapata, quien habría facilitado recursos logísticos para los encuentros. Además, se investiga si algunos de los militares sobornados compartieron información clasificada sobre operativos conjuntos entre Ejército y Policía, lo que habría comprometido la seguridad de las tropas en zonas de alto riesgo.
Tras ser capturada por agentes del CTI de la Fiscalía y de la Dijín de la Policía, Jaramillo aceptó los cargos en un preacuerdo judicial. Un juez penal especializado la condenó a cuatro años y quince días de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. La sentencia incluye inhabilidad para ejercer funciones públicas y la obligación de colaborar con las investigaciones en curso sobre otros miembros de la red.
La Fiscalía destacó que este caso evidencia “una grave infiltración del crimen organizado en estructuras institucionales”, y advirtió que se adelantan nuevas indagaciones para identificar a otros uniformados que habrían recibido pagos. El proceso judicial contra alias “La Tía” se convierte en un precedente sobre el uso de redes civiles para corromper a miembros de la Fuerza Pública en favor de grupos armados ilegales.
Teresa Jaramillo Giraldo, alias “La Tía”, fue señalada como pieza clave en este esquema de corrupción institucional. Su rol como intermediaria entre el grupo armado y miembros de la Fuerza Pública la convirtió en un actor estratégico dentro de la estructura criminal, hasta que fue descubierta y enjuiciada.
Juan Joya
