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19 octubre, 2026
Rodrigo Tovar Pupo se acogió a sentencia anticipada por 22 hechos delictivos, incluidos homicidios colectivos y ataques contra integrantes de los pueblos indígenas Kankuamo y Arhuaco.
Rodrigo Tovar Pupo, conocido como alias Jorge 40, aceptó su responsabilidad en crímenes que dejaron 145 víctimas en el Cesar entre 1999 y 2005, según informó la Fiscalía General de la Nación este lunes 19 de octubre de 2026. El exjefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se acogió a sentencia anticipada por 22 hechos delictivos documentados en Valledupar y otros municipios del departamento.
Ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Tovar Pupo reconoció su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado. La actuación se adelanta bajo el procedimiento de la Ley 600 de 2000, correspondiente al anterior sistema penal.
Entre los hechos reconocidos figuran varios homicidios colectivos perpetrados en diferentes municipios del Cesar. En el corregimiento La Meza, en Valledupar, cinco personas fueron asesinadas el 11 de diciembre de 1999, mientras que en el sector Los Tupes, en San Diego, seis víctimas murieron durante un ataque ocurrido el 30 de mayo de 2001.
La investigación también documentó los ataques armados del 13 de enero de 2001 en los barrios Bello Horizonte y Divino Niño, en Valledupar, que dejaron nueve personas asesinadas. A estos hechos se suman las incursiones en Lamas Verdes, jurisdicción de Curumaní, entre el 4 y el 7 de diciembre de 2005, en las que fueron asesinadas 20 personas.
Ataques contra los pueblos indígenas Kankuamo y Arhuaco
El expediente incluye el homicidio de 20 integrantes de los pueblos indígenas Kankuamo y Arhuaco, entre ellos líderes comunitarios y menores de edad. La Fiscalía señaló que la investigación aplicó un enfoque diferencial para documentar las afectaciones sufridas por estas comunidades.
Los hechos investigados trascendieron las pérdidas humanas. Según la Fiscalía, las acciones atribuidas al exjefe paramilitar afectaron los territorios, las formas de vida y las prácticas culturales y espirituales de las comunidades indígenas, cuyos integrantes sufrieron las consecuencias de la violencia en la región.
La hipótesis investigativa vincula las conductas atribuidas a Tovar Pupo con un plan sistemático de amenazas, desplazamientos, torturas y homicidios contra personas que se oponían a la presencia paramilitar en el Cesar.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
La aceptación de responsabilidad se enmarca en la estrategia de la Fiscalía para terminar anticipadamente procesos tramitados bajo la Ley 600 de 2000. Este mecanismo permite avanzar en la definición judicial de los hechos reconocidos, conforme al procedimiento aplicable.
Con el reconocimiento de los 22 hechos delictivos, el proceso avanza hacia las decisiones judiciales correspondientes. El caso mantiene el foco sobre la responsabilidad por los crímenes cometidos contra la población civil y las afectaciones sufridas por las comunidades indígenas del Cesar durante el periodo investigado.
