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Desde el concejo se hizo un llamado urgente a la Administración Distrital y a la opinión pública ante la grave situación que atraviesa la localidad de Sumapaz, donde el campesinado se declaró en Asamblea Permanente en busca de soluciones inmediatas a una crisis que, según denuncian, es de carácter estructural.
Las comunidades concentradas en la vereda Santa Rosa aseguran ejercer su derecho constitucional a la protesta frente al abandono estatal y distrital, y reclaman atención a problemas críticos de su vida cotidiana: deterioro de la infraestructura vial, falta de acceso oportuno a salud y educación, altos costos del impuesto predial y el avalúo catastral, además de restricciones de uso del suelo que afectan directamente la productividad campesina.
De acuerdo con el concejal étnico Óscar Bastidas Jacanamijoy, uno de los puntos más sensibles es el estado de la Troncal Bolivariana, que según las comunidades se encuentra en un deterioro acelerado sin intervención del IDU. Esto ha dejado la responsabilidad del mantenimiento en el Fondo de Desarrollo Local (FDL), entidad que carece de equipos y materiales suficientes.
La situación se agrava con la parálisis de los contratos financiados con regalías para las vías terciarias, que apenas alcanzan un 30 % de ejecución, mientras se pretende adicionar más de la mitad del presupuesto inicial, dejando a la población incomunicada y aislada de las vías principales.
La crisis también se extiende a derechos básicos como la salud y la educación. Las Unidades de Servicios de Nazareth y San Juan carecen de especialidades médicas y medicamentos esenciales. En educación, está en riesgo la continuidad del programa PEAMA de la Universidad Nacional, lo que amenaza el acceso de jóvenes campesinos a la educación superior. A nivel escolar, familias han quedado excluidas de los procesos formativos por la falta de transporte hacia las sedes principales.
Otro de los reclamos se centra en la carga tributaria: el alto avalúo catastral y los valores del impuesto predial resultan impagables para la mayoría de hogares campesinos, lo que sumado a las restricciones sobre uso del suelo golpea la producción agropecuaria y la sostenibilidad de la vida en el territorio. Según las comunidades, estas medidas desconocen tanto su realidad económica como su condición de sujetos de especial protección constitucional y de reparación colectiva reconocida por el Estado.
Las comunidades movilizadas exigen:
• La declaratoria de emergencia vial en Sumapaz, con intervención inmediata de la Troncal Bolivariana y las vías terciarias.
• Investigación y control de los contratos de malla vial financiados con regalías.
• Fortalecimiento de la red de salud en la localidad, con medicamentos, ambulancias y enfoque territorial.
• Garantizar la continuidad del programa PEAMA en Sumapaz como política pública estable.
• Revisión técnica y justa del impuesto predial y del avalúo catastral.
• Reconocimiento de los planes de vida y manejo ambiental formulados por las comunidades e incorporación en las políticas públicas.
• Activación de centros de conectividad campesina y creación de un fondo para prevención y atención de emergencias climáticas.
El concejal Bastidas advirtió que la protesta es consecuencia de la falta de respuesta a múltiples oficios y derechos de petición radicados desde hace más de un mes. Por ello, solicitó una interlocución directa con la Alcaldía Mayor de Bogotá y las entidades competentes, con el fin de garantizar soluciones inmediatas y estructurales que dignifiquen la vida campesina en Sumapaz.
Paola Martínez Burgos
