Alerta en más de 20 municipios por cierre del relleno sanitario ‘La Doradita’

¿Podrían los beneficios particulares estar desencadenando una emergencia sanitaria?

Más de 20 municipios, incluyendo La Dorada en el departamento de Caldas, así como otros municipios ubicados en Cundinamarca, Santander, Boyacá, Tolima y Antioquia, podrían enfrentar serios riesgos ambientales debido al posible cierre del relleno sanitario ‘La Doradita’. Esta situación ha generado una alarma entre los residentes y usuarios, quienes, junto con Bioger, la empresa responsable del Servicio Público de Aseo, han elevado sus preocupaciones.

Esta situación fue puesta a conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Comisión de Disciplina Judicial, señalando a Diana Valencia Bonilla, inspectora municipal de Policía, por sus acciones. Según Javier Gómez, gerente de Bioger, “todo parece indicar que la funcionaria busca favorecer a un tercero, al notificar un desalojo del predio donde opera el relleno, sin sustento jurídico”. Gómez advierte que el cierre del relleno sanitario podría generar una crisis para los municipios afectados, ya que no se cuenta con un plan de contingencia para la evacuación de basuras.

Las críticas hacia las acciones de la inspectora también resaltan su presunto desconocimiento de las limitaciones de su autoridad. El contrato de operación entre Bioger y la ESP La Dorada especifica instancias para la resolución de conflictos, las cuales habrían sido ignoradas con la orden de desalojo emitida, afectando a todas las partes involucradas y poniendo en riesgo el bienestar general.

Los habitantes de La Dorada y los demás municipios afectados temen que, sin un plan de contingencia adecuado, la acumulación de residuos provoque riesgos significativos para la salud y el medio ambiente. Ante esta situación, se hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que revisen y corrijan cualquier irregularidad en el manejo del relleno sanitario y eviten una crisis mayor.

Bioger también ha señalado que, en caso de una restitución irregular del inmueble donde opera el relleno sanitario, la Empresa de Servicios Públicos no tendría la competencia o capacidad legal y técnica para su operación. Esto genera preocupaciones adicionales sobre la continuidad del servicio y las posibles consecuencias ambientales.

La comunidad y las autoridades locales insisten en una pronta solución para evitar que esta situación se convierta en un problema mayor, afectando la salud pública y la sostenibilidad ambiental de la región.

Juan Joya