José María Balcázar es elegido presidente interino de Perú tras destitución de José Jerí
19 febrero, 2026
Con 17 muertos y más de 94.000 familias afectadas, Gobierno descarta pedir ayuda internacional
19 febrero, 2026
Tras haber participado en la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento Electoral en Cúcuta, en la noche del miércoles 18 de febrero, la Defensoría del Pueblo publicó una serie de recomendaciones y acciones institucionales para ser tomadas en cuenta en el proceso electoral del próximo 8 de marzo en el departamento de Norte de Santander.
De acuerdo con el comunicado, la defensora Iris Marín compartió un análisis de los elementos hallados tras la Alerta Temprana Electoral emitida en el mes de octubre de 2025, informe que además será entregado el próximo lunes 23 de este mismo mes. “En su intervención, destacó los retos de seguridad derivados de la presencia de grupos armados como el ELN, el frente 33 de las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y Los Pachenca; estos dos últimos estarían involucrados en hechos que se encuentran en proceso de verificación y que ocurrieron la semana pasada en el municipio de Ocaña”, se lee en la misiva.
En ese sentido, la funcionaria dio a conocer cuatro riesgos para los comicios electorales, en los que incluye la situación de las candidaturas de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP):
· El primero está relacionado con la interferencia en el proselitismo político, así como con seguimientos, intimidaciones e interrupciones de actividades de campaña por parte de actores armados, con el propósito de condicionar el ejercicio del derecho al voto.
Sobre lo anterior, la defensora subrayó que en la alerta de octubre recomendaron al Gobierno Nacional avanzar en acuerdos con los grupos armados en medio de las mesas de negociación, con el objetivo de que no interfieran en las elecciones. Sin embargo, manifestó que “aunque algunos grupos han expresado públicamente su compromiso, no existe coherencia entre ese discurso y sus acciones en el territorio”.
· El segundo riesgo identificado trata de las imposibilidades que tienen las comunidades de las zonas rurales para ejercer su derecho al voto, ya que existe la presencia de “minas antipersona, el uso de drones, los retenes ilegales, el secuestro y la falta de transporte público”.
· Como tercer riesgo, la defensora hizo mención de los desplazamientos forzados que iniciaron masivamente desde enero de 2025, los cuales han afectado el censo electoral, debido a que muchas personas inscritas en municipios del departamento ahora se encuentran ubicadas en otros territorios.
· El cuarto riesgo se refiere a la violencia digital, debido a que la Defensoría ha identificado señalamientos contra algunas candidaturas, a las que se les atribuye afinidad con determinados grupos armados.
“Por otra parte, la Defensora destacó situaciones concretas de afectación a poblaciones específicas. Una de ellas se relaciona con las candidaturas de las CITREP, que inicialmente eran 16 y que, debido a presiones de grupos armados, se habrían reducido, limitando las oportunidades de participación política en los territorios que representan. Asimismo, se refirió a la situación de los firmantes del Acuerdo de Paz. Recordó que hace algunas semanas se realizó el traslado de firmantes desde Caño Indio hacia la ciudad de Cúcuta, sin que se cuente aún con información clara sobre las medidas adoptadas para garantizar su derecho al voto, conforme a lo establecido en el punto 2 del Acuerdo Final de Paz”, añadió.
La funcionaria también se refirió a la participación de las mujeres, la cual, según sus palabras, “continúa siendo meramente nominal”. Explicó que, aunque son incluidas en las listas, muchas veces se hace por cumplir con una formalidad; sin embargo, aún cuentan con restricciones “a su autonomía real, derivadas de presiones ejercidas por actores armados”. Asimismo, advirtió sobre los constantes ataques contra la comunidad y autoridades del Pueblo Barí, así como sobre la situación de los líderes de juntas de acción comunal en los municipios de El Tarra y Tibú, quienes estarían siendo coaccionados por parte de grupos armados con el fin de influir en los resultados electorales.
En ese mismo contexto, la defensora Marín dio a conocer avances del próximo informe de seguimiento a la Alerta Temprana Electoral para el departamento, en donde se formula “un llamado a la acción inmediata” para los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, La Playa, Ocaña, Teorama y Tibú, y “un llamado a la acción urgente” para Bucarasica, Cáchira, El Tarra, El Zulia, Hacarí, La Esperanza, Puerto Santander, San Calixto, San Cayetano, Sardinata y Villa del Rosario, sostuvo.
Para concluir, el texto señala que la entidad solicitó que se adopten medidas para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos, particularmente de la población ubicada en centros de detención transitoria; así como también que se restablezca el funcionamiento de los puestos de votación en zonas afectadas por la ola invernal; “y asegurar el derecho a la protesta y a la manifestación pacífica con ocasión del Día Internacional de la Mujer, que coincide con la jornada electoral del 8 de marzo”.
Dayineth Isabel Molina Velásquez
