Alcaldía de Soacha rechaza invasión de terrenos

Por lo menos 200 familias invadieron un lote en Ciudadela Sucre. Desplazados, migrantes venezolanos, bogotanos y soachunos  se instalaron con carpas y cambuches en el predio de forma arbitraria. Investigan 'mafias' que se dedican a loteos.

La Administración Municipal, en coordinación de la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Apoyo a la Justicia, la Policía Nacional y el acompañamiento de la Personería Municipal, el gobierno departamental y nacional adelanta a esta hora conversaciones pacíficas para la recuperación de un lote en Ciudadela Sucre, el cual fue invadido por más de 200 familias entre las que se encuentran víctimas del conflicto armado, extranjeros venezolanos, ciudadanos provenientes de diferentes barrios de Bogotá y soachunos, quienes fueron desalojados hace más de un mes del conjunto residencial San Isidro, ubicado en el sector de Hogares Soacha.

El secretario de Gobierno municipal, Danny Caicedo indicó que, "hay una ‘mafia’ que se dedica a invadir terrenos públicos y privados, para luego comercializarlos ilegalmente, estafando a familias pobres a las que ilusionan diciéndoles que es la forma más fácil de lograr una vivienda gratuita. Es importante mencionar que desde la Administración Municipal durante el año se han realizado recorridos de inspección y vigilancia, se han adelantado procedimientos y suspensiones de obras ilegales en toda la ciudad.

Caicedo agregó que, "con estos actos se está violando la Ley 599 de 2000 del Código Penal Colombiano en su Artículo 263, donde establece que si un tercero invade un terreno o una edificación incurriría en una pena de cuatro a ocho años de prisión para el promotor, organizador o director de la invasión".

La Alcaldía de Saocha, en cabeza del alcalde Juan Carlos Saldarriaga, hace un llamado a la comunidad en general, con el fin de que eviten ser engañados por personas que están vendiendo dichos terrenos a bajo precio y promoviendo loteos de manera irregular, solicitando de manera inmediata abandonar las zonas de alto riesgo, obedeciendo  que esos terrenos no son permitidos para el desarrollo de asentamientos de urbanizaciones y por esta situación el municipio no se hace responsable de cualquier afectación que se pueda generar por desastres naturales.