En un movimiento audaz, la Alcaldía de Cartagena ha dado un paso crucial para proteger a los compradores afectados por el edificio Aquarela. En un esfuerzo por salvaguardar los derechos de aquellos que invirtieron en el proyecto y que ahora se encuentran en una situación precaria, la Dirección de Control Urbano tomó la iniciativa de intervenir las oficinas de Promotora 47 en Medellín.
Este movimiento estratégico viene después de la controvertida demolición del edificio en Cartagena, que ha generado una ola de preocupación entre los compradores. La acción de la Alcaldía refleja un compromiso firme con la protección de los ciudadanos y la preservación del orden público y económico en la región.
La toma de posesión se practicó a primera hora en la oficina de Promotora 47 en la carrera 43B No. 16 – 95, en el edificio Cámara Colombiana de Infraestructura Piso 8, por parte de una delegación de la Alcaldía de Cartagena de la Dirección de Control Urbano y con el apoyo de la Policía de Medellín.
Control Urbano designó a Ángel Rodríguez Sánchez como agente especial para representar los intereses de los afectados, es un paso crucial en este proceso, que tiene como objetivo proporcionar una solución adecuada y transparente para todas las partes involucradas. Con la toma de posesión de los activos de la constructora, se busca no solo garantizar los derechos de los compradores, sino también asegurar que se tomen las medidas necesarias para resolver esta situación de manera justa y equitativa.
“Hemos tomado esta medida preventiva con el propósito de salvaguardar a quienes han invertido en este proyecto y hoy no tienen las garantías para efectos de ver restablecidos sus derechos económicos y patrimoniales a la inversión que realizaron en este proyecto”, expresó Emilio Molina, Director Administrativo Control Urbano.
Este movimiento administrativo se basa en la legislación vigente, que otorga a las autoridades locales el poder de intervenir cuando se presentan situaciones que ponen en riesgo los derechos de los ciudadanos. En este caso, la Alcaldía de Cartagena está cumpliendo con su deber de proteger a sus ciudadanos y garantizar que se haga justicia en este caso.
Además, cabe destacar que en la Ley 66 de 1968 se asignó a la Superintendencia Bancaria la función de ejercer inspección y vigilancia de las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a viviendas. Después, con el Decreto Nacional 405 de 1994 se cedió este rol de autoridad de control urbano a las entidades territoriales.
Por consiguiente, estas entidades territoriales, según la ley, pueden tomar inmediata posesión de los bienes de las personas jurídicas o naturales, en este caso Promotora 47, cuando incurran en alguno de los siete puntos de incumplimiento, como por ejemplo: cuando hayan suspendido el pago de sus obligaciones, cuando persistan en violar alguna norma de la ley, cuando persistan en manejar sus negocios de manera no autorizada o insegura, cuando su patrimonio ponga en peligro la oportuna atención de sus obligaciones, entre otras disposiciones.
Finalmente, con esta acción, la Alcaldía de Cartagena envía un mensaje claro de que está dispuesta a tomar medidas firmes para proteger los derechos de sus ciudadanos y preservar la integridad de su comunidad. Es un paso positivo en la búsqueda de una solución justa y equitativa para los afectados por el edificio Aquarela.
Saray Vargas López