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La alcaldesa Claudia López recibió la Relatoría independiente sobre los hechos de violencia ocurridos en Bogotá y Soacha el 9 y 10 de septiembre de 2020.
Este trabajo –liderado por el ex defensor del Pueblo, Carlos Negret– tiene carácter académico y extrajudicial, y fue solicitado por la alcaldesa en mayo pasado. Su objetivo es esclarecer lo ocurrido, honrar la memoria de las víctimas, y entregar la verdad que los ciudadanos tienen derecho a conocer.
El informe confirma que lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre fue una masacre, como consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional.
“La Alcaldía Mayor no tiene funciones de incorporación, de sanción a los policías ni de investigación. Esto le corresponde al Gobierno nacional, pero sí tenemos un compromiso con el esclarecimiento de la verdad”, manifestó la alcaldesa.
“Asumo enteramente la responsabilidad que me compete, ofrezco una vez más perdón a las víctimas y a mi ciudad. Asumo enteramente la responsabilidad política e institucional que me corresponde para llevar a cabo y cumplir las recomendaciones de este informe”, afirmó la alcaldesa López.
La mandataria destacó que con la relatoría se avanzó en la garantía del derecho de las víctimas a la verdad, y que seguirá trabajando en las garantías sobre justicia, reparación y la garantía de no repetición.
La Relatoría documentó 14 asesinatos –incluido el de Javier Ordoñez–, lesiones por arma de fuego a por lo menos 75 personas, heridas a por lo menos 216 de miembros la Policía Nacional, daños a 78 buses de troncal (9 incinerados) y 51 buses zonales (5 incinerados) y daños a 76 CAI (17 incendiados y destruidos).
“De las víctimas, 14 eran hijos de familias que llegaron a Bogotá en busca de oportunidades. Y trece víctimas pertenecían a familias cuyos ingresos no superan el salario mínimo. Para la relatoría hay una criminalización de la pobreza por parte de la fuerza pública”, afirmó Negret. “Se me pidió entender y explicar los devastadores hechos de violencia en esos días. Me empeñé en la tarea, que duró seis meses en Bogotá y Soacha, donde las familias aún lloran sus muertos, porque en su mayoría los mató una bala del Estado”, agregó.
El informe, que recogió más de 100 testimonios y confrontó 450 fuentes y documentos, documentó siete prácticas violentas: uso ilícito de la fuerza; violencia contra la fuerza pública; detenciones arbitrarias; violencias basadas en género; estigmatización de la protesta social; violencia contra bienes públicos y privados; e impunidad. También detalló que una de las expresiones ciudadanas de indignación fue la violencia contra bienes públicos y privados, en especial los que representan a la Policía, la institucionalidad y el orden. Por parte de los integrantes de la Policía Nacional, la práctica más generalizada fue el uso ilícito de la fuerza y el desconocimiento de los principios de proporcionalidad y estricta necesidad.
“Felicito a la alcaldesa por esta iniciativa, Las conclusiones devastadoras de este informe nos tocan como seres humanos. Se ha pagado una deuda con las víctimas.
La relatoría plantea una desconfianza grande hacia la Policía, pero el objetivo no es desacreditar a la Policía Nacional ni dañar su imagen. Por el contrario, es restaurar la confianza en su institucionalidad”, aseguró Juliette de Rivero, representante de la alta comisionada de la ONU en el país.
La Relatoría fue conformada, financiada y apoyada metodológicamente por las Naciones Unidas, en particular por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
Según la Relatoría, durante las jornadas de protesta se evidenció el uso indiscriminado de armas de fuego debido a la falta de una orden expresa y jerárquica de no disparar, así como falta de interlocución de las organizaciones de DDHH que realizaban labores de verificación y acompañamiento a las manifestaciones, y el retiro temprano de los gestores de diálogo y de convivencia del Distrito, entre otros.
