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La agresión contra una vendedora informal en la carrera Séptima de Bogotá, encendió las alarmas entre comerciantes, autoridades y ciudadanos en redes sociales. El caso puso nuevamente en el centro de la discusión la violencia, las disputas y la falta de regulación en torno a la venta ambulante en la capital.
La víctima, identificada como “Leidy”, relató que no era la primera vez que sufría intimidaciones. Desde que llegó a ese sector había recibido advertencias y frases amenazantes de otras vendedoras.
“Usted no se puede hacer aquí, usted tiene que hacerse en otro lado. Nosotras llevamos seis años acá en Colombia y estamos pendientes de quién se ubica y dónde”, recordó en diálogo con Noticias Caracol.
La situación escaló el viernes 29 de agosto, cuando, según la denuncia formal, fue atacada por dos mujeres de nacionalidad venezolana, madre e hija.
“Me agredieron con un vidrio en el rostro. Según lo que escuché, la intención era desfigurarme”, denunció Leidy.
El ataque no solo le dejó heridas visibles, sino que también significó la pérdida total de su mercancía, afectando su sustento diario. Durante el tumulto, incluso le robaron la mesa donde ofrecía sus productos.
Ante esta situación, la directora de la Defensoría del Espacio Público, Lucía Bastidas, rechazó la agresión y advirtió que estas disputas entre vendedores informales se han vuelto recurrentes.
“Los vendedores tienen derechos, pero también deberes. Lo que hicieron contra esta vendedora es inaudito. La Secretaría de Seguridad está al frente del caso, pero no podemos permitir que estas situaciones se repitan”, afirmó.
En el centro de Bogotá, y particularmente en la carrera Séptima, operan más de 600 vendedores ambulantes, según cifras oficiales. La presencia masiva y la ausencia de regulación han derivado en frecuentes tensiones.
Bastidas señaló que la Alcaldía prepara un decreto para ordenar esta actividad: “Nadie es dueño del espacio público. Estamos trabajando con los vendedores para que haya una regulación formal”.
Ante el temor por nuevas agresiones, Leidy rechazó un cupo ofrecido por el Instituto para la Economía Social (IPES) para su reubicación en un punto de venta autorizado. Finalmente, comerciantes formales de la zona le cedieron temporalmente un local como muestra de solidaridad.
La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de una de las presuntas agresoras, conocida con el alias de La Mordelona, quien fue puesta a disposición de la Fiscalía por el delito de lesiones personales.
El caso refleja el complejo panorama que enfrentan miles de vendedores ambulantes en Bogotá: hostigamientos, mafias que controlan espacios estratégicos y la falta de garantías de seguridad en medio de la disputa por el espacio público.
Paola Martínez Burgos
