Acusan al canciller Murillo de violar la ley por rechazo del contrato con Thomas Greg

La actividad política colombiana se ha visto sacudida por una nueva controversia en torno al contrato de pasaportes, luego de que el debate en la Comisión Segunda del Senado fuera nuevamente aplazado debido a la ausencia del canciller (e) Luis Gilberto Murillo. Sin embargo, lo que inicialmente parecía ser un desencuentro protocolario tomó un giro inesperado cuando surgieron acusaciones de violación legal por parte del canciller.

El motivo de la polémica se centra en el anuncio del canciller de negarse a firmar el contrato adjudicado a la empresa Thomas Greg & Sons para la impresión de pasaportes. Esta declaración, lejos de pasar desapercibida, ha generado un intenso debate entre los parlamentarios y dirigentes políticos, quienes han cuestionado la legalidad y las implicaciones financieras de dicha decisión.

El senador Nicolás Albeiro Echeverri, vicepresidente de la Comisión Segunda, fue uno de los primeros en expresar su desconcierto ante el anuncio del canciller, calificándolo de “completamente improvisado” y cuestionando la falta de fundamentos legales que respalden dicha negativa. Sus palabras fueron respaldadas por el senador Mauricio Giraldo, quien advirtió sobre un posible detrimento patrimonial si el contrato no se firma, haciendo hincapié en la importancia de cumplir con los procedimientos establecidos en la Ley 80.

Por su parte, la senadora Paola Holguín fue aún más allá al plantear la pregunta que muchos se hacían en ese momento: ¿Por qué el canciller decide ahora, de manera aparentemente caprichosa, no adjudicar el contrato a una empresa que cumplía con todos los requisitos? Sus palabras reflejaron el sentir de aquellos que ven en esta situación una posible violación de la ley y la Constitución, así como una falta de responsabilidad por parte de las autoridades encargadas de velar por el interés público.

El debate sobre el contrato de los pasaportes, lejos de ser resuelto, ha sido pospuesto para el próximo miércoles 13 de marzo, fecha en la que se espera que el canciller comparezca ante la Comisión Segunda del Senado para brindar explicaciones detalladas sobre sus acciones y decisiones en relación con esta polémica licitación. Mientras tanto, la incertidumbre y la tensión política continúan en aumento en medio de acusaciones y contrapuntos que mantienen en vilo a la opinión pública colombiana.

Sala digital Colmundo