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La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) interpuso una solicitud formal ante la Corte Constitucional para que declare el incumplimiento del Ministerio de Salud y Protección Social en la actualización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), valor fundamental que determina los recursos que reciben las EPS del régimen contributivo para la prestación de servicios de salud.
A través de una carta dirigida al magistrado Juan Jacobo Calderón de la Sala Especial de Seguimiento, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, argumentó que el Ministerio incumplió los plazos establecidos en los Autos 007 y 505 de 2025, que ordenaban reajustar la UPC 2024 mediante un proceso concertado que debía concluir a más tardar el 30 de septiembre.
Incumplimiento de Plazos y Falta de Acuerdo
El documento presentado por el gremio detalla que “el Auto 007 de 2025 declaró la insuficiencia de la UPC 2024, y ordenó al Ministerio de Salud crear una mesa de trabajo para revisar la UPC y lograr su suficiencia”. La providencia establecía que en un plazo máximo de dos meses, contados desde su notificación el 14 de mayo, las partes debían “acordar el reajuste de la UPC de 2024”.
Sin embargo, Vesga señaló en su comunicación que “a la fecha el Ministerio no ha cumplido con dicha orden”, a pesar de que el plazo venció el 30 de septiembre. La dirigente gremial explicó que las sesiones de la mesa solo se reiniciaron hasta el 30 de julio, después de una suspensión de 30 días ordenada por la Corte para modificar las reglas de funcionamiento.
Impacto en la Prestación del Servicio
Acemi advirtió que la insuficiencia de la UPC afecta directamente la capacidad de las EPS para garantizar la prestación de servicios de salud a los usuarios del régimen contributivo. El gremio hizo un llamado urgente para que “se realice este ajuste lo más pronto”, destacando que “los prestadores de salud no pueden seguir apalancando la insuficiencia” de este valor fundamental en el sistema.
La solicitud de Acemi representa un nuevo capítulo en la tensa relación entre las EPS y el Gobierno nacional en medio de los debates sobre la reforma al sistema de salud, y evidencia las dificultades financieras que enfrentan las empresas promotoras de salud para operar con una unidad de pago que consideran insuficiente para cubrir los costos reales de la atención.
Sala Digital Colmundo
