Abren otra investigación en contra de Olmedo López: ¿de qué se le acusa?

Este viernes 18 de julio, la Procuraduría General de la Nación informó que abrió investigación en contra del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, por presuntamente haber modificado la compra de terrenos.

López no es el único señalado en esta nueva indagación que se suma su vinculación en el caso de corrupción dentro de la UNGRD, también mencionaron al exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), César Augusto Manrique; el exsecretario general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Daniel María Medina González; el exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la UNGRD, Luis Alberto Barreto Gantiva; la vicepresidente de Negocios Fiduciarios de La Fiduprevisora, María Fernanda Jaramillo Gutiérrez, y la vicepresidenta de Contratación Derivada de esa misma entidad, Daniela Andrea Valencia.

De acuerdo con el ente investigador, los señalados “habrían suscrito un convenio para la adquisición de terrenos para proyectos productivos que serían entregados a familias inscritas en el Registro Único Nacional de Damnificados”, y ahora están buscando establecer los motivos por los cuales realizaron la modificación de convenio “y del que se habrían desviado, presuntamente, 100 mil millones de pesos con el argumento de atender emergencias y calamidades públicas ocasionadas por el invierno, y si en la supuesta compra de predios se presentaron sobrecostos, o si efectivamente fueron entregados y a quiénes”, concluyeron.

¿Cómo va el caso de López en el entramado de corrupción de la UNGRD?

A la fecha, el exdirector de la UNGRD cumple medida de aseguramiento en una guarnición militar por razones de seguridad, mientras se conoce una condena. Hace un poco más de un mes, el privado de libertad envió una carta al ente acusador, en donde manifestó que se siente abandonado por el Estado, pese a que fue el primero en colaborar con las investigaciones tras la revelación del escándalo de corrupción.

“El que primero habló, hoy es el último en recibir justicia. Y el que quiso silenciar la verdad, ahora es premiado con beneficios”, afirma López en el documento de 11 páginas dirigido a la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño. Su inconformidad llegó luego de que un juez penal especializado de Bogotá rechazara el preacuerdo que López firmó con la Fiscalía, en el que se comprometía a pagar $724 millones y cumplir una pena de 6 años y 2 meses de cárcel a cambio de su colaboración. El juzgado consideró la pena “irrisoria” y desestimó el pacto.

“Tras la improbación del preacuerdo, no solo vi cómo se desmoronaba una esperanza jurídica, sino cómo se desvanecía el respaldo que, como testigo colaborador, esperaba recibir del ente acusador. La ausencia de apelación por parte de la Fiscalía no fue solo una decisión procesal: fue un silencio que grita, que deja al colaborador sin escudo frente a quienes fueron señalados por su voz”, advirtió en ese entonces.

Dayineth Isabel Molina Velásquez