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19 diciembre, 2025Ricardo Giraldo, abogado del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, aseguró que la delegación de ese grupo armado en la mesa de diálogos mantiene una postura de respeto frente a todos los procesos de paz que actualmente se adelantan en el país. Al ser consultado sobre las acciones de otras organizaciones, el jurista afirmó que no emiten juicios ni valoraciones sobre negociaciones ajenas.
“El Ejército Gaitanista es respetuoso de todos los procesos de paz que existen. No entramos en detalles de lo que hagan otras mesas y se valora cualquier esfuerzo de paz”, señaló Giraldo, al recalcar que su posición busca evitar confrontaciones políticas o mediáticas entre actores armados.
“Acciones de voluntad de paz”, según la defensa del Clan del Golfo
Pese a esa distancia frente a otros procesos, el abogado destacó lo que calificó como múltiples acciones de “voluntad de paz” adelantadas por el Clan del Golfo, en cumplimiento de compromisos asumidos en el marco de los diálogos desarrollados en Catar.
Entre los principales gestos, Giraldo mencionó la suspensión del cobro del llamado “impuesto de guerra” durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, y hasta mediados de enero, en cinco municipios piloto definidos para la implementación de los acuerdos alcanzados en Doha.
Devolución de personas capturadas y entrega de menores
El abogado también aseguró que el grupo ha devuelto personas capturadas pertenecientes a otros grupos armados y que, además, ha facilitado la entrega de menores de edad a entidades del Estado y organismos internacionales.
Según explicó, estas entregas se han realizado con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y organizaciones internacionales que participan como garantes u observadores del proceso, como parte de los compromisos humanitarios asumidos.
“No buscamos aplausos, sino resultados en los territorios”
Giraldo sostuvo que, pese a estos gestos, la delegación del Clan del Golfo no busca reconocimiento público ni réditos políticos, sino que los acuerdos se traduzcan en cambios reales en las regiones más afectadas por el conflicto armado.
“Lo que le interesa a la Delegación del Ejército Gaitanista no es la publicidad o los aplausos, sino que se llegue a los territorios con resultados y se materialicen los acuerdos alcanzados en Doha”, afirmó el jurista, al insistir en un enfoque territorial del proceso.
Rechazo a una eventual ley de sometimiento
En el plano jurídico, el abogado fue enfático en rechazar una eventual ley de sometimiento, al considerar que este tipo de iniciativas han fracasado históricamente en Colombia y no han contribuido de manera efectiva a la superación del conflicto armado.
“No podemos hablar de hechos hipotéticos y futuros. Las leyes de sometimiento que se han radicado en este y otros gobiernos han demostrado ser un completo fracaso para la solución del conflicto armado”, indicó Giraldo.
Propuesta de justicia transicional y críticas al uso de la victimización
Según el abogado, la propuesta del EGC se enmarca en un modelo de justicia transicional, que contemple verdad, reparación, garantías de no repetición e indemnización a las víctimas, con un énfasis especial en las comunidades de los territorios afectados por la violencia.
En este contexto, Giraldo cuestionó lo que calificó como una instrumentalización de la condición de víctima en algunos procesos judiciales, señalando que, a su juicio, este enfoque termina desdibujando soluciones estructurales para las regiones más golpeadas por el conflicto.
Marco jurídico sin necesidad de una nueva ley
Finalmente, el abogado sostuvo que no sería necesaria una nueva ley para avanzar en una salida negociada, y citó la sentencia C-055 de 2023 de la Corte Constitucional, en la cual —según explicó— se reconoce que el derecho internacional humanitario ofrece un marco normativo suficiente para adelantar negociaciones con grupos armados.
“Ahí está el marco jurídico para avanzar en una solución al conflicto”, concluyó Giraldo, al reiterar que, desde su perspectiva, el camino debe centrarse en acuerdos con impacto territorial y garantías para las comunidades afectadas.
Humberto ‘Toto’ Torres




