Abelardo de la Espriella pide a la Procuraduría intervenir contratación de la UNP por más de $78.000 millones

El presidente electo Abelardo de la Espriella solicitó la intervención preventiva de la Procuraduría General de la Nación en varios procesos de contratación que adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP), entre ellos uno que supera los 78.000 millones de pesos y que será adjudicado antes del cambio de Gobierno. La petición busca que el Ministerio Público revise la legalidad, transparencia y conveniencia de estas actuaciones antes de que la nueva administración asuma el poder el próximo 7 de agosto.

La instrucción fue impartida por De la Espriella al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, quien deberá elevar formalmente la solicitud ante el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco. El Gobierno electo sostiene que se trata de contratos relacionados con la seguridad del Estado, la protección de derechos fundamentales y el manejo de recursos públicos, por lo que considera necesaria una vigilancia especial durante la etapa de transición.

En la comunicación, el presidente electo señala que el propósito es garantizar que todas las decisiones adoptadas por la UNP se ajusten a los principios de legalidad, transparencia, planeación, responsabilidad y selección objetiva. Además, advierte que estos procesos comprometen directamente la seguridad del mandatario que asumirá funciones el 7 de agosto, de los integrantes de su gabinete y de miles de personas que actualmente cuentan con esquemas de protección.

La contratación de escoltas, el principal foco de preocupación

La principal inquietud del equipo de Gobierno entrante está relacionada con el proceso de Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026, cuyo presupuesto supera los $78.000 millones y tiene como objetivo contratar el servicio de escoltas para las zonas de protección que incluyen al presidente de la República y a los futuros ministros.

Según el Gobierno electo, la adjudicación del contrato está prevista antes del cambio de administración, situación que impediría revisar aspectos relacionados con los perfiles, la experiencia, la idoneidad y las condiciones de quienes estarán encargados de la seguridad inmediata del nuevo jefe de Estado y su gabinete.

Por esta razón, Abelardo de la Espriella pidió que la Procuraduría ejerza vigilancia preventiva, solicite el expediente contractual y evalúe la posibilidad de recomendar o incluso solicitar la suspensión del proceso, con el fin de que la administración entrante pueda analizar la necesidad, oportunidad y conveniencia de la contratación antes de su ejecución.

También piden revisar más de 5.100 nombramientos en la UNP

La solicitud del Gobierno electo también incluye el proceso mediante el cual la Unidad Nacional de Protección pretende proveer más de 5.100 cargos de oficiales de protección en provisionalidad.

De acuerdo con el comunicado, solo cerca de 900 vacantes han sido convocadas mediante concurso de méritos, por lo que se solicita al Ministerio Público verificar la legalidad y conveniencia del procedimiento antes de que continúe su ejecución.

Contratos para botes, motores y protección a comunidades indígenas también serán revisados

La petición de vigilancia preventiva no se limita al contrato de escoltas. De la Espriella también pidió que la Procuraduría supervise el proceso SC-UNP-050-2026, mediante el cual la entidad busca adquirir 188 botes y 264 motores fuera de borda destinados a 29 municipios de nueve departamentos del país.

El Gobierno electo solicitó revisar la planeación del contrato, los tiempos de ejecución, las especificaciones técnicas de las embarcaciones, el cumplimiento de las normas de seguridad y la garantía de pluralidad de oferentes, con el objetivo de asegurar que el proceso cumpla plenamente con la normatividad vigente.

Asimismo, la solicitud incluye seis procesos contractuales iniciados durante julio de 2026 para la compra de bienes destinados a fortalecer las medidas colectivas de protección de resguardos indígenas.

En este caso, el equipo del presidente electo considera necesario establecer si las necesidades que originaron cada contratación estaban suficientemente justificadas o si era posible unificar los procesos en una sola licitación, lo que, según sostiene, permitiría obtener economías de escala, mejorar la eficiencia administrativa y optimizar el uso de los recursos públicos.

De la Espriella pide una transición con transparencia institucional

En el documento, el presidente electo reiteró que la transición entre el Gobierno saliente y el entrante debe desarrollarse bajo los más altos estándares de legalidad, responsabilidad administrativa y respeto por las instituciones.

Finalmente, sostuvo que la intervención preventiva de la Procuraduría busca fortalecer la confianza institucional, proteger el derecho fundamental a la vida de las personas beneficiarias de los esquemas de la UNP y garantizar que todas las decisiones contractuales se adopten conforme a la Constitución, la ley y el interés general.

Sala Digital Colmundo