A la cárcel  Walter Martínez: único detenido por el caso Lili Pink

¿Puede sobrevivir Lili Pink mientras avanza la investigación por contrabando y lavado?

Un juzgado de Bogotá dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Walter Martínez Martínez, único capturado hasta ahora en el marco de las investigaciones por presunto contrabando y lavado de activos vinculadas a la empresa de ropa femenina Lili Pink. El imputado se declaró inocente durante la audiencia, a la que se conectó de manera virtual desde un centro médico debido a afecciones de salud, según confirmaron fuentes judiciales.

Martínez fue detenido por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en Barranquilla, Atlántico, una de las ciudades donde se desplegaron allanamientos. La fiscal Alejandra Gómez Freidel, especializada en delitos fiscales, lideró la audiencia y expuso los elementos probatorios recogidos. Según el ente acusador, la organización habría movido unos 730.000 millones de pesos mediante un entramado de importadoras, comercializadoras y sociedades de papel.

“Los elementos materiales probatorios indican que la organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”, señaló la fiscal Gómez Freidel. La Fiscalía anunció que existen órdenes de captura vigentes contra otros involucrados, aunque hasta el momento ninguna se ha materializado.

En materia comercial, la situación de Lili Pink ha tomado un rumbo distinto al de sus antiguos propietarios. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumió el control de Fast Moda, compañía matriz que opera las marcas Lili Pink, Joy y Lily Beauty, como parte del proceso de extinción de dominio derivado de las mismas investigaciones. La medida no implicó el cierre de los puntos de venta: por el contrario, el objetivo declarado por la administración estatal es mantener la operación sin interrupciones.

Sebastián Ulchur fue designado como nuevo representante legal e interventor del grupo empresarial. En declaraciones  publicas, el funcionario confirmó que las más de 500 tiendas vinculadas a las marcas continuarán abiertas al público. “A pesar de que es un gran desafío, definitivamente el objetivo es mantener la operación sin ninguna solución de continuidad”, afirmó Ulchur . La intervención estatal busca preservar los empleos, los pagos a proveedores y el flujo de caja mientras avanza el proceso judicial contra los antiguos propietarios.

Uno de los efectos inmediatos de las medidas cautelares fue el embargo de las cuentas bancarias de la sociedad. Esta situación obligó a que, inicialmente, las transacciones comerciales quedaran limitadas exclusivamente al pago en efectivo en las tiendas . El interventor señaló, sin embargo, que están en trámites para reactivar los datáfonos en el corto plazo. “En este momento estamos recibiendo efectivo y yo creo que estamos a unos días, ojalá un par solamente, en donde ya queden activadas las adquirencias”, explicó Ulchur, en referencia a los procesos de debida diligencia que los bancos deben completar para autorizar nuevamente las transacciones electrónicas .

Lejos de ahuyentar a los compradores, la intervención estatal provocó un fenómeno inesperado: las ventas se dispararon. El interventor describió la situación actual como un “pequeño diciembre”, una comparación con la temporada de mayor consumo del año . Según explicó, los clientes han llegado a las tiendas movidos por dos razones principales. “Siento que la gente se ha volcado a apoyarnos. Algunos tal vez de una manera nerviosa y queriendo abastecerse y creyendo que de pronto se puede acabar el negocio, pero otros también con esa solidaridad que necesitamos tanto”, indicó Ulchur .

El interventor también aseguró que los pagos de nómina y a proveedores se están realizando puntualmente a través de entidades financieras que ya dieron su aval tras las revisiones de rigor . Ulchur hizo un llamado explícito a mantener el flujo de compras como garantía de supervivencia del ecosistema de la empresa. “Requiero de la solidaridad de todos ustedes. ¿Por qué? Porque de las compras que ustedes hacen, cada uno de los colaboradores, proveedores y todo este ecosistema que funciona puede seguir adelante”, manifestó el funcionario . De esta forma, mientras la Fiscalía avanza en el proceso penal contra Martínez y otros investigados, la administración estatal busca estabilizar una de las cadenas de moda más reconocidas del país.

Juan Joya