ASTROLABIO # 111 / VIE 16 JULIO 2021

Del 8 al 10 de junio, el deslumbrante equipo de intelectuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país para estudiar la situación relacionada con las protestas iniciadas el 28 de abril. 

Pero al cerrar los ojos durante treinta días para no enterarse de los avances en torno a la problemática, la comitiva produjo una serie de recomendaciones que, al momento de aparecer, no pasaron de ser simples refritos extemporáneos y, por tanto, intrascendentes.

Desconociendo la naturaleza violentamente organizada de aquellos perpetradores del paro interesados en desestabilizar la democracia, los intelectuales de la CIDH recomendaron lo que todo agente del orden conoce y aplica desde su ingreso a las escuelas : que el uso de la fuerza ha de regirse por los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

En otro desconcertante ejemplo de originalidad, ellos proclamaron que la Policía no debe usar medios letales, como si los escuadrones antidisturbios no se caracterizaran precisamente por eso : porque sus atavíos tienen que ser no letales.

Asimismo, repicaron la obviedad de que el corte de las vías es una modalidad de protesta, pero, al parecer, nunca pudieron recuperarse de la amnesia pues soslayaron con pasmoso desparpajo las muertes en las ambulancias producidas por los emblemáticos bloqueos.

De igual modo, pretendieron contagiar al país con su voraz apetito burocrático -que tantos dólares le cuesta a nuestro ( repito : nuestro ) sistema interamericano- sugiriendo la instauración de un ‘mecanismo especial de seguimiento en derechos humanos’ como si el país no contara con múltiples instancias dedicadas al asunto, y como si cada peso no fuese necesario para superar los traumas sociales agregados por la pandemia.

Para rematar, los sabios de la Comisión cacarearon por enésima vez la fórmula de separar a la Policía del Ministerio de Defensa sin tomarse la molestia de descubrir las virtudes que este modelo de coordinación interagencial e interinstitucional supone para sociedades sometidas a la amenaza de la violencia organizada como método político.

En definitiva, Colombia está sumamente agradecida por los aportes de la expedición emprendida por la CIDH.  

Si embargo, el país tiene una agenda muy potente en la materia y no puede perder tiempo : lograr una férrea ley antivandalismo, perfeccionar el mecanismo antidisturbios, refinar el sistema de apoyo del sector defensa a las autoridades civiles y, sobre todo, proteger a los ciudadanos.

Ciudadanos que en abrumadora mayoría están dispuestos a preservar intacto el sagrado derecho a la protesta pacífica desenmascarando con ello a los testaferros de la subversión. 

vicentetorrijos.com