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21 noviembre, 2026El bombardeo en Meta golpeó a la estructura 44 Antonio Ricaurte en Mapiripán; el Gobierno reportó armas incautadas y defendió la ofensiva militar.
El bombardeo en Meta ejecutado durante la madrugada del sábado 21 de noviembre dejó cinco presuntos integrantes de las disidencias de las Farc muertos en zona rural de Mapiripán. La operación fue confirmada por el presidente Abelardo De La Espriella.
La acción, denominada Operación Ninfa, fue desarrollada por las Fuerzas Militares en coordinación con la Policía Nacional. El objetivo fue la estructura 44 Antonio Ricaurte, facción señalada de pertenecer a la organización dirigida por alias ‘Iván Mordisco’.
El balance preliminar incluye la incautación de cuatro armas largas, dos armas cortas, 12 proveedores y munición de diferentes calibres. Las autoridades también encontraron dos chalecos, un equipo de campaña, un teléfono satelital, dos celulares y dos embarcaciones.
Hasta el momento, el Gobierno no ha divulgado las identidades de las personas fallecidas ni detalles sobre su participación dentro de la estructura armada. Por esa razón, el resultado permanece sujeto a las verificaciones posteriores de las autoridades.
De La Espriella defendió la ofensiva y aseguró que “cada ataque tendrá una respuesta cada vez más contundente”. El mandatario afirmó que su administración mantendrá las operaciones contra los grupos responsables de acciones dirigidas a la Fuerza Pública y la población civil.
El presidente presentó este ataque como el bombardeo número 11 de su administración. La cifra amplía el registro de acciones aéreas desarrolladas contra el ELN y las disidencias de las Farc en departamentos como Norte de Santander, Guaviare, Vichada, Cauca, Chocó y Antioquia.
Un balance previo atribuido al Ministerio de Defensa registraba nueve bombardeos, con 69 personas muertas, 14 capturadas, dos sometidas a la justicia y un menor recuperado. La diferencia entre ese consolidado y el número anunciado por el presidente deberá aclararse con una actualización oficial.
La intensificación de estas operaciones también mantiene abierto el debate sobre los riesgos para la población civil. Las denuncias relacionadas con la posible presencia de menores de edad en zonas bombardeadas han llevado a distintos sectores a exigir controles más estrictos sobre la inteligencia empleada para definir los objetivos.
El resultado de la Operación Ninfa reforzará la estrategia ofensiva del Gobierno en los Llanos Orientales, pero también aumentará la presión para que las autoridades revelen la identidad y edad de los fallecidos y expliquen los protocolos utilizados antes de ordenar nuevos ataques aéreos.




