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19 noviembre, 2026La justicia transicional identificó a diez altos mandos como máximos responsables de la expansión de ejecuciones extrajudiciales entre 2005 y 2008, cuando 2.077 personas fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó al general retirado Mario Montoya y a otros nueve generales del Ejército por su presunta responsabilidad en la expansión de los falsos positivos en Colombia. La decisión señala su contribución desde los más altos niveles de mando a un patrón criminal que dejó 2.077 víctimas entre 2005 y 2008.
La investigación estableció que, entre enero de 2002 y diciembre de 2008, 2.702 personas fueron asesinadas para presentarlas falsamente como bajas en combate. Los crímenes quedaron documentados en 1.625 hechos y dejaron 44 sobrevivientes.
De ese universo, 2.077 víctimas y 34 sobrevivientes corresponden al periodo comprendido entre 2005 y 2008, etapa en la que la JEP identificó la expansión nacional del fenómeno y la participación de altos mandos militares.
Mario Montoya y la política de conteo de cuerpos
Uno de los principales señalados es el general en retiro Mario Montoya, quien comandó el Ejército Nacional durante el Gobierno de Álvaro Uribe. La JEP encontró elementos para considerarlo máximo responsable por su contribución a la consolidación de una política de facto que privilegiaba el número de muertos en combate como indicador de éxito operacional.
Según la investigación, entre diciembre de 2003 y noviembre de 2008, Montoya ocupó sucesivamente la comandancia de la Primera División, el Comando Conjunto Caribe No. 1 y el Ejército Nacional.
Durante ese periodo, la Sala de Reconocimiento de Verdad documentó que promovió mecanismos de presión, seguimiento y competencia entre unidades militares. Entre ellos figuraban programas radiales, metas cuantitativas, clasificaciones o rankings e incentivos que daban prioridad al reporte de bajas en combate.
La JEP también encontró elementos que indicarían que Montoya conoció tempranamente denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, pero mantuvo las presiones y los incentivos relacionados con el aumento de resultados operacionales.
El general retirado sostuvo ante la jurisdicción que nunca promovió conductas ilícitas, que fue engañado por sus subordinados y que impartió directrices para proteger los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
La Sala también examinó su posible participación en mecanismos de encubrimiento y en la adopción de medidas que aparentaban responder a las irregularidades, pero que no habrían impedido la continuidad de los crímenes. Para la JEP, estos aportes habrían favorecido la expansión y permanencia del patrón criminal en distintas regiones del país.
Los otros nueve generales señalados por la JEP
La decisión identifica a diez generales retirados como máximos responsables de la expansión nacional de los falsos positivos. El grupo incluye un excomandante del Ejército, un inspector general que también comandó el Comando Conjunto Caribe y siete antiguos comandantes de división.
Junto a Montoya, fueron llamados a reconocer responsabilidad los siguientes oficiales:
- General (r) Luis Felipe Paredes Cadena.
- Mayor general (r) Carlos Orlando Quiroga Ferreira.
- Mayor general (r) Justo Eliseo Peña Sánchez.
- Mayor general (r) Carlos Ovidio Saavedra Sáenz.
- Mayor general (r) Hernando Pérez Molina.
- Mayor general (r) Guillermo Quiñones Quirós.
- Brigadier general (r) José Joaquín Cortés Franco.
La Sala de Reconocimiento llamó a siete de estos oficiales a reconocer responsabilidad: un general, cinco mayores generales y un brigadier general. Los otros tres procesos fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), luego de que los militares manifestaran que no reconocerían responsabilidad en sus actuaciones ante la jurisdicción.
¿Qué sigue en el caso de los falsos positivos?
La decisión de la JEP representa un avance en la determinación de las responsabilidades de los altos mandos militares en las ejecuciones extrajudiciales. El proceso busca establecer cómo las directrices, presiones e incentivos desde las estructuras de mando contribuyeron a la comisión de estos crímenes.
El siguiente paso será determinar quiénes reconocen responsabilidad y cuáles casos deberán avanzar por la vía adversarial de la JEP. El desarrollo de estas actuaciones será determinante para establecer las consecuencias judiciales para los oficiales señalados y avanzar en el esclarecimiento de uno de los episodios más graves del conflicto armado colombiano.




