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17 noviembre, 2026Internet, salud, vehículos híbridos, licores y renta serán los nuevos focos de choque entre los partidos y el Gobierno.
La Ley de Rescate entrará este martes 17 de noviembre en su primera negociación política. El Gobierno Nacional se reunirá en Bogotá con coordinadores y ponentes para buscar acuerdos antes del debate en las comisiones económicas del Congreso.
La conversación comenzará después de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara el retiro del IVA a los alimentos de la canasta familiar. La decisión alivió una de las mayores resistencias, pero los partidos consideran que todavía quedan cargas que afectarían a hogares de ingresos bajos y medios.
El primer pulso estará en el servicio de internet. Los legisladores buscarán conservar los beneficios tributarios para los hogares de los estratos 1, 2 y 3, al advertir que un aumento en las tarifas profundizaría las brechas de acceso a educación, empleo e información.
También habrá discusión alrededor de los vehículos híbridos y eléctricos. Un sector del Congreso sostiene que aumentar sus impuestos desestimularía la transición hacia tecnologías menos contaminantes, especialmente en ciudades con problemas de calidad del aire.
Los gravámenes sobre licores abrirán otro frente. Los partidos temen que una tarifa más alta reduzca las ventas legales, estimule el contrabando y termine afectando los recursos departamentales destinados a salud, que dependen parcialmente de estos productos.
La mayor resistencia podría concentrarse en los aportes al sistema de salud. El proyecto contempla aumentos progresivos para trabajadores con determinados niveles de ingreso, con tarifas que podrían llegar al 8 % para empleados y al 15,5 % para independientes. Quienes ganen hasta dos salarios mínimos conservarían el aporte del 4 %.
Los congresistas también pedirán revisar el tratamiento tributario de la medicina prepagada. Su argumento es que encarecer estos planes podría trasladar más usuarios al sistema público, justo cuando persisten demoras, dificultades financieras y barreras para acceder a servicios especializados.
Otra línea roja será la reducción de la base para declarar renta. Los partidos advierten que ampliar el número de declarantes impondría costos administrativos a trabajadores que hoy no están obligados a realizar ese trámite, aunque declarar no significa necesariamente pagar impuesto.
El proyecto, denominado oficialmente Ley de Rescate Económico, busca estabilizar las finanzas públicas y aumentar el recaudo. El problema para el Gobierno será encontrar ingresos alternativos si acepta retirar buena parte de los tributos cuestionados por el Congreso.
La reunión marcará el tamaño de la reforma que llegará a votación. Si no hay acuerdos sobre internet, salud, renta y consumo, la Ley de Rescate podría avanzar recortada o enfrentar una negociación artículo por artículo en las comisiones económicas.




