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El representante Julio César Triana explicó en entrevista con ASB-Colmundo el alcance de la iniciativa, las penas previstas y las garantías para quienes participan pacíficamente en las manifestaciones.
La iniciativa que busca castigar a quienes oculten su identidad para cometer actos vandálicos durante las protestas superó su primer debate en la Cámara de Representantes. El proyecto, que ha generado controversia entre sectores políticos, plantea crear un nuevo delito autónomo con penas de prisión superiores a 54 meses y sanciones económicas que podrían superar los 200 salarios mínimos mensuales vigentes.
En entrevista con ASB-Colmundo, el representante Julio César Triana, autor de la iniciativa, defendió el contenido del proyecto y aseguró que la propuesta no pretende restringir el derecho fundamental a la protesta social ni prohibir el uso de capuchas, máscaras o pasamontañas durante las manifestaciones pacíficas.
«Este es un proyecto que en nada criminaliza la protesta social. No busca prohibir en Colombia el uso de la capucha o el ocultamiento de la identidad en medio de la protesta y la manifestación pacífica», afirmó el congresista.
La iniciativa establece tres condiciones simultáneas para configurar el delito: participar en una protesta o manifestación, ocultar el rostro o la identidad y cometer actos vandálicos o conductas delictivas. Según Triana, la ausencia de cualquiera de estos elementos impediría aplicar el nuevo tipo penal.
El representante explicó que la intención es ofrecer herramientas jurídicas a las autoridades para identificar a quienes se infiltran en las movilizaciones y aprovechan el anonimato para destruir bienes públicos y privados, incendiar estaciones de Policía o afectar sistemas de transporte.
Cambios en el nombre y alcance de la iniciativa
Durante la entrevista, Triana reconoció que la denominación inicial de Ley Anticapuchos podía generar estigmatización entre quienes ejercen su derecho a manifestarse. Por esa razón, aseguró que presentó una proposición para modificar el nombre del proyecto.
«Tiene razón, el nombre de la ley es estigmatizante. Por eso yo mismo, como autor de la ley, presenté una proposición y se modificó el nombre», explicó.
El congresista también señaló que la redacción tuvo en cuenta los pronunciamientos de la Corte Constitucional, particularmente los relacionados con la protección de la protesta como derecho fundamental, contemplado en el artículo 37 de la Constitución Política.
Triana insistió en que una persona podrá participar en una manifestación con el rostro cubierto, siempre que no incurra en acciones vandálicas o delictivas. La conducta que busca sancionar la iniciativa, dijo, es el uso del anonimato para cometer delitos durante las movilizaciones.
Fiscalía investigaría de oficio los hechos
Otro de los cambios que contempla el proyecto está relacionado con el procedimiento para investigar los daños ocasionados durante las protestas. De acuerdo con Triana, actualmente las víctimas de daños en bienes ajenos deben impulsar la denuncia, aportar pruebas e identificar a los responsables.
Con la nueva disposición, la Fiscalía asumiría de oficio las investigaciones por las conductas contempladas en el tipo penal, sin dejar toda la responsabilidad inicial en manos de los comerciantes o propietarios afectados.
El representante sostuvo que este mecanismo permitiría avanzar en la identificación de quienes participan en hechos violentos y facilitaría el desarrollo de los procesos judiciales.
Penas de prisión y multas superiores a 200 salarios mínimos
En materia de sanciones, Triana indicó que el proyecto contempla penas superiores a 54 meses de prisión, con el propósito de que no sean excarcelables y deban cumplirse en un establecimiento carcelario.
La iniciativa también plantea multas económicas que superarían los 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los límites definitivos de las sanciones y su proporcionalidad se discutirán durante los siguientes debates legislativos.
El congresista explicó que el monto de las sanciones económicas deberá considerar los daños ocasionados por quienes oculten su identidad para cometer actos vandálicos o criminales.
El proyecto todavía debe superar tres debates
La aprobación en primer debate no convierte la iniciativa en ley. El proyecto deberá continuar su trámite legislativo en la plenaria de la Cámara de Representantes, la plenaria del Senado y la Comisión Primera del Senado.
Triana aseguró que sus promotores están dispuestos a someter el texto a una eventual revisión de la Corte Constitucional y manifestó su confianza en que la propuesta superará ese examen.
El debate también dejó en evidencia las diferencias entre los sectores políticos frente al alcance de la iniciativa, especialmente por las posibles implicaciones sobre el ejercicio de la protesta social.
El futuro del proyecto dependerá de los tres debates que aún le restan en el Congreso, donde se definirán los alcances de las sanciones y las garantías jurídicas para evitar que la nueva disposición termine afectando a quienes se manifiestan pacíficamente.
