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El expresidente aseguró que enfrentará la denuncia ante los jueces, cuestionó la difusión del material y pidió garantías de seguridad para la mujer y los demás involucrados en el proceso.
El expresidente Gustavo Petro negó haber utilizado contratos del Estado para obtener favores sexuales, luego de que Deicy Alejandra Jiménez difundiera el miércoles 4 de noviembre un video de un encuentro privado entre ambos. La publicación, relacionada con el denominado caso de las 48, reavivó las acusaciones contra el exmandatario por un presunto intercambio de contratos públicos a cambio de relaciones sexuales.
La grabación, de aproximadamente 55 segundos, muestra a Petro y Jiménez en una habitación mientras conversan y tienen un acercamiento físico que termina en un beso. La mujer presentó el video como respaldo de sus declaraciones sobre la relación que, según afirma, mantuvo con el entonces presidente.
«Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro», escribió Jiménez en su cuenta de Instagram al divulgar el material.
En el mismo mensaje, Jiménez pidió garantías de seguridad para ella y su familia. También solicitó protección a las autoridades y responsabilizó al expresidente si llega a ocurrirles algo. «Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada», manifestó.
Petro anuncia defensa judicial y cuestiona el video
En respuesta a la publicación, Petro sostuvo que las acusaciones hacen parte de los ataques que, según él, ha enfrentado durante su trayectoria política. Aseguró que responderá ante los tribunales y rechazó cualquier vínculo entre su administración y los presuntos ofrecimientos denunciados.
«Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie», afirmó el exmandatario. También defendió a las mujeres que trabajaron durante su gobierno y señaló que sus nombramientos obedecieron a sus capacidades y esfuerzos.
Petro cuestionó la autenticidad y el alcance probatorio de la grabación. Según explicó, el video no ha sido examinado por peritos ni valorado por un juez, por lo que puso en duda que su contenido permita establecer cuándo ocurrió el encuentro, de dónde proviene el material o qué demuestra realmente.
«Lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno», expresó. Añadió que quienes buscan justicia deben presentar sus pruebas ante las autoridades y no convertirlas en una discusión pública.
El expresidente también hizo referencia a la reserva judicial del proceso y aseguró que respetará esa disposición. «No voy a responder en un video lo que debo responder en un expediente», sostuvo.
Pide protección para la denunciante y cuestiona la difusión de imágenes
En otro apartado de su pronunciamiento, Petro pidió a las autoridades proteger a Deicy Jiménez y a todas las personas que intervienen en el proceso. «Nadie debe sufrir daño por denunciar, ni por declarar, ni por defenderse», señaló.
También cuestionó a quienes han reproducido imágenes relacionadas con la supuesta intimidad de las personas involucradas y preguntó si esa práctica corresponde al ejercicio periodístico o responde a intereses políticos.
Petro relaciona la polémica con la ley de sometimiento a los narcos
El exmandatario amplió su respuesta hacia otro asunto de la agenda nacional: la ley de sometimiento a la justicia de integrantes de estructuras criminales, cuya firma también cuestionó en su pronunciamiento.
Petro calificó la iniciativa como una norma que beneficia a narcotraficantes y criticó sus efectos frente a los impuestos y los privilegios económicos. Aseguró que la ley no superará el examen de constitucionalidad y anunció acciones judiciales para controvertirla.
Finalmente, informó que dio instrucciones a su abogado para acudir ante las autoridades por lo que considera un nuevo ataque en su contra y anunció que presentaría una demanda contra la ley al día siguiente, jueves 5 de noviembre.
El caso queda así atravesado por dos escenarios: la denuncia sobre un presunto uso indebido de contratos públicos y la controversia judicial y política alrededor de la difusión del video. La valoración de las pruebas y las decisiones de las autoridades serán determinantes para establecer el alcance de las acusaciones.
