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El exalcalde de Medellín cuestionó la difusión de un video de Miguel Quintero esposado y pidió respetar su presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, rechazó el traslado de su hermano Miguel Andrés Quintero Calle a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, y cuestionó el trato recibido durante el procedimiento. A través de su cuenta de X, denunció que lo presentan como un delincuente pese a que todavía no ha sido juzgado ni condenado por las presuntas irregularidades contractuales que investiga la justicia.
La reacción surgió después de que el presidente Abelardo de la Espriella difundiera un video en el que Miguel Quintero aparece esposado de pies y manos, vestido con uniforme de recluso durante su traslado. El mandatario acompañó las imágenes con el mensaje: “¡En la Patria Milagro no hay espacio para la impunidad ni para los privilegios carcelarios!”, y lo identificó como acusado de corrupción.
Quintero cuestionó la exposición pública de su hermano y planteó una posible motivación política detrás del procedimiento. “Si la palabra es acusado, ¿por qué lo presenta como un delincuente? ¿Por qué es mi hermano? ¿Por qué lo enfrenté a la Presidencia?”, expresó el exmandatario, quien pidió que los jueces intervengan frente a lo que considera un abuso.
El exalcalde también rechazó que su hermano fuera enviado a un centro penitenciario en Boyacá, lejos de Medellín, donde reside su hija de seis años. Para Quintero, la distancia familiar y la difusión de las imágenes del traslado forman parte de un trato que considera desproporcionado frente a una persona que mantiene su presunción de inocencia.
¿Por qué Miguel Quintero fue trasladado a la cárcel de Cómbita?
El traslado fue dispuesto por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) después de que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín, en segunda instancia, revocara parcialmente la decisión que permitía a Miguel Quintero cumplir la medida de aseguramiento en su residencia.
El despacho judicial concluyó que la detención domiciliaria no ofrecía garantías suficientes frente al peligro para la comunidad, teniendo en cuenta la forma en que presuntamente se habrían desarrollado las conductas investigadas. Por esa razón, ordenó que la medida se cumpliera en un establecimiento penitenciario.
Durante la audiencia de apelación, el juez explicó que, según la hipótesis de la Fiscalía, Miguel Quintero habría intervenido en actuaciones relacionadas con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá sin tener cargo, contrato ni competencia dentro de la entidad. Su presunta participación se habría desarrollado mediante contactos personales, intermediarios y grupos de mensajería.
El argumento judicial se centró en que la permanencia en una vivienda limita los desplazamientos, pero no necesariamente impide mantener comunicaciones con terceros. Según el despacho, la reclusión penitenciaria permite un mayor control sobre las visitas y las comunicaciones, factores considerados para modificar la medida de aseguramiento.
Investigación por presunto perjuicio de $2.481 millones
Miguel Quintero enfrenta una investigación por presuntas irregularidades en contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, un caso que involucra posibles sobrecostos y bienes o servicios sin el respaldo correspondiente.
De acuerdo con los cálculos presentados por la Fiscalía, el presunto perjuicio económico alcanzaría los 2.481 millones de pesos. Las autoridades judiciales buscan establecer las responsabilidades individuales y determinar si existieron actuaciones contrarias a la ley durante la ejecución de los contratos.
El juez precisó que las conclusiones utilizadas para justificar la medida de aseguramiento tienen carácter provisional. La decisión de enviar a Miguel Quintero a prisión no constituye una condena anticipada, por lo que su responsabilidad penal deberá establecerse durante el proceso judicial.
En cuanto a Sebastián de Dios Ortega Urán, también vinculado a la investigación, el despacho confirmó las medidas adoptadas en primera instancia. El coprocesado continuará bajo restricciones no privativas de la libertad, debido a que no se acreditó una capacidad de dirección equivalente a la atribuida a Quintero.
Daniel Quintero pide intervención judicial por el trato a su hermano
El pronunciamiento del exalcalde introduce una controversia sobre los límites de la exposición pública de personas investigadas y el respeto a la presunción de inocencia, especialmente cuando las imágenes de procedimientos penitenciarios son difundidas desde la Presidencia.
Mientras Daniel Quintero reclama que la justicia examine las condiciones del traslado, Miguel Quintero deberá cumplir la medida de aseguramiento en la cárcel de Cómbita, salvo que una nueva decisión judicial modifique su situación.
El caso continuará bajo seguimiento judicial, con dos asuntos pendientes: establecer si existieron responsabilidades penales en los contratos investigados y determinar si prosperan los cuestionamientos sobre el trato recibido durante el traslado.
Sala Digital Colmundo
