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19 octubre, 2026El senador del Centro Democrático advirtió sobre el control territorial de grupos armados en el Valle del Cauca y defendió los ajustes al presupuesto nacional de 2027 para aumentar la inversión y atender a los damnificados.
El senador Cristian Garcés, del Centro Democrático, manifestó su preocupación por el deterioro de la seguridad en Jamundí y otras zonas del suroccidente colombiano, donde, según afirmó, los grupos armados han fortalecido su presencia durante los últimos cuatro años. El congresista también se refirió al presupuesto nacional de 2027, los recursos para atender desastres y la necesidad de reducir los gastos de funcionamiento del Estado.
En entrevista con ASB-Colmundo, Garcés señaló que las organizaciones armadas y narcotraficantes han consolidado su presencia en las cordilleras del Valle del Cauca y mantienen acciones violentas contra la población y la Fuerza Pública. Sobre Jamundí, advirtió que se trata de un territorio afectado por ataques con drones, mientras que en el norte del Cauca también se registran agresiones contra municipios y estaciones de Policía.
“Hay un espacio, un territorio totalmente tomado por un grupo armado narcotraficante”, afirmó el senador, quien insistió en la necesidad de recuperar el control territorial mediante una mayor presencia de la Policía y el Ejército. También planteó que la respuesta debe incluir proyectos productivos para que los campesinos vinculados a los cultivos de coca puedan desarrollar actividades económicas legales.
Garcés aseguró que ha gestionado ante los ministerios de Defensa, Agricultura e Interior alternativas para enfrentar la situación de seguridad en el suroccidente. Entre los desafíos mencionó la protección de la vía Panamericana, afectada por bloqueos, la instalación de explosivos, las extorsiones y el robo de vehículos de carga.
Presupuesto de 2027: más recursos para inversión y atención de desastres
En materia económica, el congresista explicó que las discusiones del presupuesto nacional de 2027 permitieron aumentar la inversión en cerca de $8 billones entre el primer y el segundo debate. De acuerdo con su declaración, parte de esos recursos se destinaría a garantizar los subsidios de energía y gas para los hogares de menores ingresos.
El senador también mencionó una partida de $3,9 billones para la atención de desastres, que incluiría la reconstrucción de zonas afectadas por terremotos y la respuesta a emergencias asociadas al fenómeno de El Niño, como los incendios forestales. Advirtió que departamentos como Chocó, Valle del Cauca y las regiones del Eje Cafetero necesitan financiación para atender a los damnificados y recuperar sus territorios.
Garcés sostuvo que el presupuesto enfrenta un problema estructural por el peso de los gastos de funcionamiento y el servicio de la deuda. Según las cifras que presentó en la entrevista, el funcionamiento del Estado absorbería $393 billones, cerca del 62 % del presupuesto, mientras que la inversión alcanzaría $94,6 billones, alrededor del 15 %.
El servicio de la deuda, por su parte, se ubicaría en $147 billones, equivalentes a algo más del 23 % del total. Para el senador, esta distribución limita la capacidad del Gobierno para financiar obras de infraestructura, construir colegios y hospitales, mejorar las vías y fortalecer los programas sociales.
“Colombia no puede seguir así, invirtiendo lo menos en inversión y más en unas cifras exorbitantes en funcionamiento y en el servicio a la deuda”, afirmó Garcés, quien defendió una reforma al aparato estatal y medidas para reducir la burocracia.
El senador pide reducir gastos sin afectar los servicios esenciales
El congresista señaló que el Gobierno debe presentar un plan de austeridad con indicadores, fechas y metas verificables. Según explicó, durante la discusión presupuestal se incluyó una disposición para que el Ejecutivo presente ese programa tres meses después de la aprobación del presupuesto.
Garcés planteó que el ajuste debe concentrarse en gastos que puedan reducirse, como algunos contratos de prestación de servicios, adquisiciones y costos logísticos. También propuso evaluar la fusión de ministerios y la modernización de la estructura estatal, sin afectar derechos adquiridos ni comprometer el funcionamiento de servicios esenciales.
En ese contexto, insistió en que el objetivo debe ser trasladar recursos del funcionamiento a la inversión pública. Sin embargo, reconoció que una parte considerable de los gastos corresponde a salarios de docentes, policías y soldados, además de obligaciones pensionales que el Estado debe cubrir.
El senador también cuestionó que se aumenten los impuestos a las empresas como principal alternativa para financiar el presupuesto. En su opinión, el país necesita recuperar la confianza de los inversionistas, promover el crecimiento empresarial y ampliar la base de ingresos mediante una mayor actividad productiva.
Deuda externa y subsidios: los retos de financiación
Sobre las fuentes de financiación, Garcés explicó que el Gobierno busca alternativas para reducir el costo de la deuda y liberar recursos para inversión. Entre las opciones mencionó el posible respaldo del Fondo Monetario Internacional, que, según su planteamiento, podría facilitar la sustitución de obligaciones con intereses elevados por otras condiciones financieras más favorables.
El congresista advirtió que esa alternativa también podría implicar exigencias de ajuste fiscal y cambios en las políticas públicas. Por ello, afirmó que estará atento a que las medidas no deterioren las condiciones de vida de los colombianos.
En cuanto a los subsidios, sostuvo que deben mantenerse los apoyos destinados a las personas que realmente los necesitan, con mecanismos de focalización que permitan superar la pobreza. También cuestionó que se anuncien beneficios sin garantizar previamente los recursos para financiarlos.
Garcés atribuyó parte de las dificultades presupuestales a las diferencias entre los ingresos proyectados y el recaudo efectivo de años anteriores. Según explicó, los faltantes terminaron aumentando las necesidades de endeudamiento y reduciendo el margen disponible para la inversión.
Seguridad en el Valle del Cauca también depende de los recursos
Al referirse a la situación del Valle del Cauca, el senador aseguró que el presupuesto contempla recursos para la Policía y las Fuerzas Militares, aunque considera necesario fortalecer su financiación. Indicó que presentó propuestas para aumentar en al menos $2 billones los recursos de la Policía Nacional, pero que el incremento conseguido fue inferior a esa cifra.
También mencionó una asignación cercana a $30.000 millones para la salud de los policías, un asunto que, según señaló, requiere atención por las dificultades que enfrenta el sistema de salud de la Fuerza Pública.
Garcés agregó que las estrategias de seguridad implementadas en Cali, con participación de la Alcaldía y la Policía, estarían mostrando resultados en la reducción de homicidios. Sin embargo, advirtió que las dinámicas criminales de las ciudades requieren intervenciones diferentes a las que se necesitan en las zonas rurales dominadas por grupos armados.
El debate presupuestal deja así dos desafíos para el Gobierno: garantizar los recursos para enfrentar la violencia en el suroccidente y reducir los gastos que limitan la inversión pública. La ejecución del presupuesto de 2027 y el cumplimiento del anunciado plan de austeridad serán determinantes para establecer si esos compromisos se traducen en mayor presencia institucional, atención a las comunidades afectadas y recuperación de la capacidad de inversión del Estado.




